ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 5/2026 CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA catorce de mayo DE DOS MIL VEINTISÉIS.1 cta aprobado por acuerdo plenario adoptado el 4 de junio de 2026.

En la Ciudad de San Cristóbal de La Laguna, siendo las diez horas y cinco minutos del día catorce de mayo dos mil veintiséis se reúnen en la Sala de Sesiones de las Casas Consistoriales, el Ayuntamiento en Pleno, bajo la Presidencia de LUIS YERAY GUTIÉRREZ PÉREZ, Alcalde, concurriendo los siguientes concejales:

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (psOE)

badel albelo hernández

francisca carlota rivero ortega

cristina ledesma pérez

Ángel Miguel Hernández Chinea

carla cabrera teixeira

dailos daniel gonzález ferrera

ADOLFO CORDOBÉS SÁNCHEZ

MARÍA LEONOR CRUZ ACOSTA

ruiman adrian del castillo correa

COALICIÓN CANARIA (CCa)

FRANCISCO JOSÉ HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

MARIA estefania DIAZ ARIAS

ATTENERI FALERO ALONSO

JESÚS DOMINGO GALVÁN DELGADO

ADRIÁN SERGIO EIROA SANTANA

CARMEN LUISA GONZÁLEZ DELGADO

MOISÉS AFONSO LEÓN

ALBERTO JORGE DE LA ROS

PARTIDO POPULAR DE CANARIAS (PP)

JUAN ANTONIO MOLINA CRUZ

MOISES DOMÍNGUEZ LLANOS

EVA MARÍA CÓLOGAN RUIZ BENITEZ DE LUGO

VOX (vox)

MANUEL ALEJANDRO RODRÍGUEZ PARDO

UNIDAS SE PUEDE (USP)

SAÚL GÓMEZ ALBEROLA

CAROLINA CASTRO REYES

drago verdes canarias (dvc)

ALBERTO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

carmen peña curbelo

CONCEJALA NO ADSCRITA

YADIRA ISABEL ÁLVAREZ BENÍTEZ

Asiste Segunda del Castillo Pérez, Secretaria General del Pleno Accidental y el Interventor General, José Isaac Gálvez Conejo, quien se retira de la sesión una vez tratado el punto tres del orden del día.

Comprobada la existencia de quorum declara abierta la sesión, en primera convocatoria, y se inicia el tratamiento de asuntos incluidos en el siguiente orden del día:

I.-PARTE DECISORIA

Toma de posesión como concejala de Carolina Castro Reyes, incorporándose al Grupo Mixto – Unidas se puede.

Aprobación del acta y diario de sesión correspondiente al mes de abril de 2026 (nº 4, sesión ordinaria de 9 de abril de 2026).

ASUNTOS DE PRESIDENCIA DE CUENTAS, HACIENDA Y SERVICIOS

ECONÓMICOS

Expediente (2025067476) relativo a la Propuesta al Excmo. Ayuntamiento Pleno de la Modificación del Anexo I “Subvenciones nominativas y cuotas de participación” de las bases ejecución del presupuesto general del Ayuntamiento para el ejercicio 2026.

II.-PARTE DECLARATIVA

Moción que presenta Eva Cólogan Ruiz Benítez de Lugo, del grupo municipal Partido Popular, para la mejora de los servicios básicos, el mantenimiento urbano y la seguridad en la urbanización La Floria (La Cuesta).

Moción que presenta Saúl Gómez Alberola, del grupo mixto – Unidas se puede, para garantizar criterios de equilibrio territorial, participación vecinal y retorno comunitario en la implantación de infraestructuras supramunicipales en el entorno rural de La Laguna.

Moción que presenta Moisés Domínguez Llanos, del grupo municipal Partido Popular, para la elaboración y puesta en marcha de un Plan Municipal Integral de Salud Mental en San Cristóbal de La Laguna.

Moción institucional para la ratificación del compromiso del Municipio con el Plan colaborativo sobre discapacidades “Alianzas: somos capacidad”.

Moción que presenta Manuel Alejandro Rodríguez Pardo, del grupo mixto – VOX, declarativa sobre la regularización masiva.

Moción que presenta Manuel Alejandro Rodríguez Pardo, del grupo mixto - VOX, relativa a la prioridad nacional.

Moción que presenta Dailos Daniel González Ferrera, del grupo municipal Socialista, Carmen Luisa González Delgado, del grupo municipal Coalición Canaria, Saúl Gómez Alberola del grupo mixto – Unidas se puede, Carmen Peña Curbelo, del grupo mixto – Drago Verdes Canarias y Yadira Isabel Álvarez Benitez, concejal no adscrita, para la reafirmación y el respeto de las políticas en materia de igualdad y LGBTIQA+ del municipio de San Cristobal de La Laguna.

Moción que presenta Dailos Daniel González Ferrera, del grupo municipal Socialista, para la garantía efectiva del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y su blindaje como derecho fundamental.

Moción que presenta Alberto Rodríguez Rodríguez, del grupo municipal mixto – Drago Verdes Canarias, para impulsar un programa municipal del relevo cooperativo, continuidad y modernización del comercio local y la economía de proximidad.

Moción que presenta Carmen Peña Curbelo, del grupo municipal mixto – Drago Verdes Canarias, para la elaboración y ejecución de un plan integral de localización, retirada y gestión del amianto en San Cristóbal de La Laguna.

Moción que presenta Alberto Rodríguez Rodríguez, del grupo municipal mixto – Drago Verdes Canarias, para la mejora de la accesibilidad en diferentes puntos del municipio.

Moción que presenta Carmen Peña Curbelo, del grupo municipal mixto – Drago Verdes Canarias, para proteger el espacio natural del Camino de la Costa de la Punta del Hidalgo de la pérdida de sus valores naturales y de la turistificación y masificación.

Moción que presenta Juan Antonio Molina Cruz, del grupo municipal Partido Popular, para la reparación integral y depuración de posibles responsabilidades por el deterioro prematuro del adoquinado de la Calle Alcalde Alonso Suárez Melián y del tramo peatonalizado de la calle Bencomo.

Moción que presenta Juan Antonio Molina Cruz, del grupo municipal Partido Popular, para la implantación de un régimen excepcional de acceso asistencial al Hogar de ancianos del Santísimo Cristo de La Laguna por la calle Viana.

III.- PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN

Toma de conocimiento de las siguientes resoluciones dictadas por la Alcaldía y Concejales Tenientes de Alcalde y Concejales Delegados:

Libro Único Decretos correspondiente al mes de abril de 2026 (desde el nº 3177/2026, de 1 de abril, hasta el nº 4577/2026, de 30 de abril).

Toma de conocimiento del Informe anual 2025 de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones.

Toma de conocimiento del pase a situación de no adscrita de la concejal Yadira Isabel Álvarez Benítez.

IV.- URGENCIAS

URGENCIAS.

V.- RUEGOS Y PREGUNTAS

PREGUNTAS FORMULADAS POR ESCRITO:

1.-	De Eva Cólogan Ruiz Benítez de Lugo sobre cuál es la razón que justifica la descoordinación que provocó la cancelación de la Feria del Libro en Princesa Yballa con los costes económicos que eso supuso para los laguneros.

2.-	De Eva Cólogan Ruiz Benítez de Lugo sobre qué actuaciones concretas se han realizado en este mandato en coordinación con la administración titular de la vía, para mejorar la fluidez del tráfico y la seguridad vial en la rotonda de Las Canteras y en la intersección hacia Bajamar y el monte de las Mercedes.

3.-	De Saúl Gómez Alberola sobre qué planificación de actividades, ferias, muestras o eventos vinculados a la artesanía tiene prevista el Ayuntamiento de San Cristóbal de Laguna para el año 2026.

4.-	De Saúl Gómez Alberola sobre qué actuaciones se están realizando actualmente para garantizar la conservación, estabilidad y protección del drago situado en la Plaza de la Junta Suprema.

5.-	De Moisés Domínguez Llanos sobre cuál es el estado de ejecución en el que se encuentran actualmente los proyectos previstos para Cruz Chica, recogidos en la moción aprobada por unanimidad y elevada a institucional en el Pleno de septiembre de 2022 para el parque periurbano, el parque para perros, el local para mayores, las mejores pendientes de la plaza y el proyecto deportivo previsto para la zona.

6.-	De Moisés Domínguez Llanos sobre en qué estado se encuentra actualmente la licitación para la redacción del proyecto básico y de ejecución de la plaza del Camino Tornero.

7.-	De Carmen Peña Curbelo sobre en qué estado se encuentra la tramitación de las ayudas al alquiler social del presente año 2026 para los afectados por la gestión de VISOCAN en La Laguna.

8.-	De Carmen Peña Curbelo sobre qué valoración hace el grupo de gobierno municipal actual PSOE-CC del Ayuntamiento de La laguna sobre las pruebas técnicas sobre la semaforización de accesos a la TF-5 que se realizaron en el enlace de Guamasa el pasado mes de enero.

9.-	De Alberto Rodríguez Rodríguez sobre si considera este grupo de gobierno PSOE-CC una gestión eficiente para animar a la participación ciudadana en el proceso del Plan de Gestión del Patrimonio Mundial de San Cristóbal de La Laguna, zona de amortiguamiento y entorno, haber enviado el mail a las entidades inscritas en el municipio con solo un día de antelación (22 de abril) a la primera sesión participativa (23 de abril).

10.-	De Alberto Rodríguez Rodríguez sobre cuántas personas y/o entidades participaron en la primera sesión participativa del Plan de Gestión del sitio Patrimonio Mundial de San Cristóbal de La Laguna, zona de amortiguamiento y en las sesiones del pasado 23, 24 y 25 de abril de este año 2026.

11.-	De Juan Antonio Molina Cruz sobre cuál es la disponibilidad real de grúas operativas en el servicio municipal contratado teniendo en cuenta averías u otras incidencias durante los meses del año 2026.

12.- De Juan Antonio Molina Cruz sobre cuál es el estado de ejecución de la elaboración del inventario de los viarios de Valle Jiménez que se acordó en el Pleno de noviembre de 2025 en el que se indicara la situación actual de las mismas.

RUEGOS

INCIDENCIAS:

Una vez se produce la toma de posesión de la nueva concejala, a petición de la Presidencia, se guarda un minuto de silencio en memoria de la última victima de violencia de genero, tras lo cual se retoma el tratamiento de los asuntos del orden del día, en el punto segundo del mismo.

Seguidamente se tratan los puntos 2 y 3 del orden del día, y posteriormente, de acuerdo con los criterios adoptados en la Junta de Portavoces, se someten a debate y votación las mociones institucionales y aquellas en las que está prevista intervención vecinal, que esta sesión se corresponden con los puntos 5 y 10 del orden del día. Y así, por el orden que se indica, se trataron los asuntos incluidos en los puntos 1, 2, 3, 6, 7, 5, 10, 4, 8, 9, 11, 12, 18, 19, 20, 22, 13, 14, 15, 16 y 17.

I.-PARTE DECISORIA

PUNTO 1.- Toma de posesión COMO CONCEJALA de CAROLINA CASTRO REYES, INCORPORÁNDOSE AL GRUPO MIXTO – UNIDAS SE PUEDE.

La Junta Electoral Central, a petición de este Ayuntamiento, y conforme al acuerdo plenario adoptado el 9 de abril de 2026, ha remitido el 16 de abril de 2026 la credencial como concejala electa de Carolina Castro Reyes, candidata presentada por Unidas Se Puede a las Elecciones Locales de 28 de mayo de 2023, quien previamente, ha entregado la documentación exigible relativa a la declaración de bienes y de actividades.

Encontrándose presente en el Salón de Plenos, la Sra. Castro Reyes presta su promesa de acatamiento a la Constitución de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 108.8 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral y, por tanto, toma posesión como miembro de la Corporación, gozando de los honores, prerrogativas y distinciones propias del cargo, con la obligación del cumplimiento estricto de los deberes y obligaciones inherentes al mismo. A la concejal se le hace entrega de los distintivos propios de su cargo.

La Presidencia, en nombre de la Corporación, felicita a la nueva concejal.

PUNTO 2.- APROBACIÓN DEL ACTA Y DIARIO DE SESIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026 (Nº 4, SESIÓN ORDINARIA DE 9 ABRIL DE 2026).

Vista el acta y diario de sesiones correspondiente al mes de abril de 2026 (nº 4, sesión ordinaria de 9 de abril de 2026).

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los veintisiete miembros presentes, ACUERDA:

Único: Aprobar el acta y diario de sesiones correspondiente al mes de abril de 2026 (nº 4, sesión ordinaria de 9 abril de 2026).

ASUNTOS DE PRESIDENCIA DE CUENTAS, HACIENDA Y SERVICIOS ECONÓMICOS

PUNTO 3.- EXPEDIENTE (2025067476) RELATIVO A LA PROPUESTA AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO DE LA MODIFICACIÓN DEL ANEXO I “SUBVENCIONES NOMINATIVAS Y CUOTAS DE PARTICIPACIÓN” DE LAS BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO PARA EL EJERCICIO 2026.

1.- La Concejal de Bienestar Social y Calidad de Vida, solicitó la modificación del Anexo I de las Bases de Ejecución de Presupuesto 2025, motivada por error en el importe previsto inicialmente a favor de la Asociación de Reinserción de Menores Anchieta para los proyectos Tanita 2026 y Canguro 2026, sin que dicha modificación afecte al importe total destinado a ambos proyectos.

Donde dice:

Aplicación Presupuestaria	Objeto o finalidad	Beneficiario	Importe €
150/23102/48001	PROYECTO TANITA 2026	Asociación de Reinserción de Menores Anchieta	70.000,00
150/23102/48006	PROYECTO CANGURO 2026	Asociación de Reinserción de Menores Anchieta	30.000,00

Debe decir:

Aplicación Presupuestaria	Objeto o finalidad	Beneficiario	Importe €
150/23102/48001	PROYECTO TANITA 2026	Asociación de Reinserción de Menores Anchieta	34.000,00
150/23102/48006	PROYECTO CANGURO 2026	Asociación de Reinserción de Menores Anchieta	66.000,00

2.- Asimismo, consta propuesta de la Alcaldía-Presidencia de modificación del Anexo I de las Bases de Ejecución del Presupuesto 2026, al haberse constatado error en los datos aportados por el beneficiario de la siguiente subvención nominativa, sin que ello suponga cambio del objeto o finalidad de la subvención, ni del importe previsto inicialmente, de forma que:

Donde dice:

Aplicación Presupuestaria	Objeto o Finalidad	Beneficiario	Importe €
100/91200/48007	Documental “583 Almas”	Juan Carlos Fresnadillo	150.000,00

Debe decir:

Aplicación Presupuestaria	Objeto o Finalidad	Beneficiario	Importe €
100/91200/48007	Documental “583 Almas”	Intacto Films S.L.	150.000,00

3. La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 14 de abril de 2026, acordó elevar la correspondiente propuesta de acuerdo en orden a la aprobación de la Modificación del Anexo I, “Subvenciones Nominativas y Cuotas de Participación” de las Bases de Ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2026, en los términos expuestos en la propuesta de acuerdo del servicio gestor.

4.- La Comisión Plenaria de Presidencia, de Cuentas, Hacienda y Servicios Económicos, en sesión celebrada el 11 de mayo de 2026, dictaminó el expediente.

5.- El servicio gestor ha emitido el informe con propuesta de acuerdo,

Tras las intervenciones que obran íntegramente en la grabación que contiene el diario de la sesión plenaria, el Ayuntamiento en Pleno, por veinticinco votos a favor, ningún voto en contra y dos abstenciones ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar inicial, y definitivamente, en el caso de que no existan reclamaciones durante el período de exposición pública, la modificación del Anexo I “Subvenciones nominativas y Cuotas de Participación” de las Bases de Ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2026, en los siguientes términos:

Donde dice:

Aplicación Presupuestaria	Objetivo o Finalidad	Beneficiario	Importe €
/…/	/…/	/…/	/…/
100/91200/48007	Documental “583 Almas”	Juan Carlos Fresnadillo	150.000,00
/…/	/…/	/…/	/…/
150/23102/48001	PROYECTO TANITA 2026	Asociación de Reinserción de Menores Anchieta	70.000,00
150/23102/48006	PROYECTO CANGURO 2026	Asociación de Reinserción de Menores Anchieta	30.000,00
/…/	/…/	/…/	/…/

Debe decir:

Aplicación Presupuestaria	Objetivo o Finalidad	Beneficiario	Importe €
/…/	/…/	/…/	/…/
100/91200/48007	Documental “583 Almas”	Intacto Films S.L.	150.000,00
/…/	/…/	/…/	/…/
150/23102/48001	PROYECTO TANITA 2026	Asociación de Reinserción de Menores Anchieta	34.000,00
150/23102/48006	PROYECTO CANGURO 2026	Asociación de Reinserción de Menores Anchieta	66.000,00
/…/	/…/	/…/	/…/

SEGUNDO.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 05 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se acuerda someter el expediente al trámite de exposición pública, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, por un plazo de quince días hábiles, a los efectos de que los interesados puedan presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

VOTACIÓN:

25 VOTOS A FAVOR:

10 del Grupo Municipal PSOE

8 del Grupo Municipal Coalición Canaria

3 del Grupo Municipal Partido Popular

3 del Grupo Mixto:

1 de VOX

2 de Unidas se puede

1 de la concejal no adscrita

2 ABSTENCIONES:

2 del Grupo Mixto:

2 de Drago Verdes Canarias

II.-PARTE DECLARATIVA

PUNTO 4.- MOCIÓN QUE PRESENTA EVA CÓLOGAN RUIZ BENÍTEZ DE LUGO, DEL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR, PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS, EL MANTENIMIENTO URBANO Y LA SEGURIDAD EN LA URBANIZACIÓN DE LA FLORIDA (LA CUESTA).

ANTECEDENTES

La Cuesta es uno de los núcleos urbanos más poblados y dinámicos del municipio, situado entre el término municipal de Santa Cruz de Tenerife y la zona centro de San Cristóbal de La Laguna. Su desarrollo se ha visto marcado por su función de conexión entre ambos municipios, con un predominio claro del uso residencial.

En este entorno se ubica la Urbanización La Florida, un ámbito residencial de edificaciones plurifamiliares donde residen cientos de familias y que requiere una atención municipal constante en materia de mantenimiento urbano, limpieza, accesibilidad y seguridad.

La Florida es una promoción de viviendas de protección pública construida en torno a 1960 y plenamente consolidada. En la actualidad, los edificios y espacios comunes del conjunto tienen carácter privado, sin perjuicio de la obligación municipal de garantizar que el espacio público que lo rodea se encuentre en condiciones adecuadas de conservación, accesibilidad, limpieza y seguridad. La urbanización está integrada por 16 bloques y reúne en torno a 216 viviendas, lo que evidencia su relevancia dentro del barrio y la necesidad de dimensionar las actuaciones municipales a la realidad de la población residente.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1- Mejora del servicio de recogida basura

En la actualidad, la Urbanización La Florida cuenta únicamente con dos baterías de contenedores para dar servicio a los 16 bloques del conjunto. Esta dotación es claramente insuficiente para el número de viviendas existente, y se traduce en contenedores llenos con demasiada frecuencia, bolsas depositadas fuera y suciedad acumulada en el entorno. Las consecuencias son evidentes: malos olores, mayor presencia de insectos, molestias continuas para los residentes y una imagen de abandono que no se corresponde con lo que merece un barrio trabajador que cumple y paga sus impuestos.

La falta de contenedores es tan evidente que se ha llegado a una situación inadmisible: vecinos que terminan dejando bolsas de basura doméstica en las papeleras por no disponer de capacidad suficiente en los puntos de depósito. El problema se ve agravado porque la recogida se concentra en solo dos baterías: una con cuatro contenedores, además de un contenedor de ropa y otro de aceite, y otra que dispone únicamente de un contenedor de resto y uno de vidrio. Esta distribución obliga a acumular la basura en muy pocos lugares, ensucia el entorno con mayor rapidez, genera molestias y conflictos vecinales y complica el tránsito en determinadas zonas, especialmente cuando los contenedores se llenan y las bolsas acaban fuera, incrementando los problemas de limpieza e higiene en la vía pública.

Corresponde al Ayuntamiento garantizar un servicio correcto y ajustado a la realidad: revisar la ubicación de los puntos de depósito, aumentar el número de islas de contenedores, asegurar la presencia de las fracciones necesarias (resto, envases, papel-cartón y, en su caso, orgánica), reforzar la frecuencia de recogida cuando proceda y mantener una limpieza periódica del entorno de los contenedores para que este problema deje de repetirse.

2- Mejora del mantenimiento de las vías y obras

El estado del pavimento, las aceras y los tramos viarios de la Urbanización La Florida requiere una actuación clara y planificada. No hablamos de detalles menores: hablamos de baches, grietas, zonas levantadas, hundimientos y remates deficientes que se han ido acumulando con el paso del tiempo sin una respuesta eficaz. Esta situación incrementa el riesgo de caídas y tropiezos, especialmente en personas mayores, menores y vecinos con movilidad reducida, y hace que recorrer la urbanización a pie sea, en muchos puntos, incómodo e incluso inseguro.

Además, se trata de un entorno con tránsito peatonal constante y circulación diaria de vehículos, donde la convivencia entre peatones y coches se produce en espacios que, si no están bien mantenidos, se vuelven más peligrosos. Cuando el firme está deteriorado y las aceras presentan desniveles, la seguridad vial se resiente: se dificulta la circulación con normalidad y aumenta el riesgo en los puntos donde peatones y vehículos comparten espacios estrechos o mal resueltos.

A esto se suma un elemento que no podemos obviar: el deterioro del espacio público termina generando una sensación de abandono que afecta directamente a la convivencia y a la calidad de vida. La Florida es una urbanización consolidada, con un volumen importante de viviendas, y no puede quedar al margen de las tareas básicas de conservación que sí se atienden en otras zonas del municipio. El mantenimiento ordinario no puede depender de la insistencia vecinal o de actuaciones puntuales; debe responder a una planificación municipal constante, con inspecciones periódicas y soluciones definitivas, no parches.

Un Ayuntamiento que habla de accesibilidad, sostenibilidad y ciudad amable tiene la obligación de empezar por lo básico: calles y aceras en condiciones. La conservación del pavimento, la reparación de bordillos y alcorques, la reposición de tramos levantados y la mejora de puntos conflictivos no son obras decorativas. Son actuaciones esenciales para garantizar seguridad, accesibilidad y dignidad urbana en un entorno donde viven cientos de familias.

3- Mejora de la seguridad

La Urbanización La Florida necesita un refuerzo real de la presencia policial y de las actuaciones de control para mejorar la seguridad. No se trata únicamente de un problema de vehículos estacionados de forma indebida sobre las aceras, que ya de por sí supone un obstáculo diario para peatones, familias con carritos, personas mayores o vecinos con movilidad reducida. El fondo de la cuestión es que la falta de vigilancia continuada termina generando una sensación de impunidad y de ausencia de autoridad, y eso afecta directamente a la tranquilidad de quienes viven en la urbanización.

La seguridad en un entorno residencial no puede depender de intervenciones puntuales o de actuaciones esporádicas. Cuando no hay control, se normalizan conductas que deterioran el uso del espacio público: estacionamientos indebidos, ocupación de zonas de paso, circulación inadecuada, ruidos a determinadas horas o comportamientos incívicos que se repiten precisamente porque no existe un seguimiento ni una presencia preventiva.

Por ello, es necesario que la Policía Local incremente su presencia en la urbanización, con patrullajes preventivos y controles periódicos, actuando no solo desde el enfoque sancionador, sino también desde la prevención: disuadir, ordenar y garantizar el cumplimiento de las normas. El objetivo es claro: que los vecinos recuperen la percepción de seguridad y que exista una respuesta municipal visible ante las incidencias que se producen de forma reiterada.

4- Mejora del mantenimiento de los jardines

La Urbanización La Florida tiene carácter privado y, por tanto, el mantenimiento ordinario de los jardines interiores corresponde a la comunidad de vecinos.

Dentro de ese ámbito privado, existe un elemento singular que preocupa especialmente a los vecinos: la palmera situada en una de las entradas de la urbanización. Al tratarse de un ejemplar de titularidad privada, su mantenimiento recae igualmente sobre la comunidad, con el coste que ello implica. Sin embargo, por su ubicación en un punto de paso y acceso, y por las características propias del arbolado, resulta imprescindible actuar con criterios técnicos y con las debidas garantías, determinando su estado real y las necesidades de poda y conservación que correspondan.

Por ello, procede solicitar una inspección técnica que permita valorar su situación y, en función del resultado, orientar las actuaciones necesarias para asegurar el buen estado del ejemplar y evitar riesgos en el acceso a la urbanización.

ACUERDOS

Ampliar las baterías de contenedores en la Urbanización La Florida, incorporando las fracciones necesarias.

Ejecutar las actuaciones necesarias de conservación y reparación del pavimento, aceras y tramos viarios de la Urbanización La Florida, priorizando los puntos con mayor deterioro por motivos de accesibilidad y seguridad.

Reforzar la presencia preventiva de la Policía Local y los controles de convivencia y tráfico en la Urbanización La Florida, actuando especialmente frente al estacionamiento indebido sobre aceras y cualquier conducta que afecte a la seguridad y al uso normal del espacio público.

Emitir un informe técnico sobre el estado actual de la palmera ubicada en una de las entradas de la Urbanización La Florida.

ENMIENDA:

Enmienda de sustitución del Grupo de Gobierno:

Realizar un seguimiento periódico de los puntos de contenedores de la urbanización La Florida con el fin de evaluar posibles incidencias de desbordamiento por insuficiencia de capacidad y, en su caso, proceder al refuerzo o instalación de nuevos contenedores.

Ejecutar las actuaciones necesarias de conservación y reparación del pavimento, aceras y tramos viarios de la urbanización La Florida, priorizando los puntos con mayor deterioro por motivos de accesibilidad y seguridad, en la zona pública competente de este ayuntamiento.

Emitir un informe técnico sobre el estado actual de la palmera ubicada en una de las entradas de la urbanización La Florida.

INCIDENCIAS:

El portavoz del Grupo Municipal Socialista entrega a la Secretaria General del Pleno Accidental copia del informe del Área de Seguridad Ciudadana, de 7 de mayo de 2025, incorporado al expediente2026030250, que versa sobre la seguridad ciudadana en la Urbanización La Florida para su incorporación al acta. Se anexa a la citada acta.

ACUERDO:

Tras las intervenciones que obran íntegramente en la grabación que contiene el diario de la sesión plenaria, el Ayuntamiento en Pleno, por unanimidad de los veinticinco miembros presentes ACUERDA aprobar la enmienda de sustitución presentada por el Grupo de Gobierno.

PUNTO 5.- MOCIÓN QUE PRESENTA SAÚL GÓMEZ ALBEROLA, DEL GRUPO MIXTO – UNIDAS SE PUEDE, PARA GARANTIZAR CRITERIOS DE EQUILIBRIO TERRITORIAL, PARTICIPACIÓN VECINAL Y RETORNO COMUNITARIO EN LA IMPLANTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS SUPRAMUNICIPALES EN EL ENTORNO RURAL DE LA LAGUNA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El municipio de San Cristóbal de La Laguna ha mantenido históricamente una relación compleja con la planificación y distribución territorial de infraestructuras de carácter supramunicipal e insular. Esta realidad se hace especialmente visible en distintos núcleos rurales del municipio y, de forma particular, en el entorno de Valle de Guerra, donde en los últimos años se ha ido consolidando entre vecinos y vecinas una creciente percepción de desequilibrio territorial entre las cargas que soporta el territorio y los retornos efectivos en forma de servicios, equipamientos o inversiones públicas para la población residente.

Valle de Guerra constituye uno de los núcleos con mayor identidad agrícola, paisajística y comunitaria de La Laguna. Su historia, su tejido vecinal y su vinculación al suelo agrario forman parte del patrimonio social y territorial del municipio. Sin embargo, durante años, numerosas demandas vecinales vinculadas a servicios básicos, equipamientos comunitarios, movilidad, espacios públicos, seguridad vial, mantenimiento urbano o mejora de infraestructuras han quedado relegadas o han avanzado con enorme lentitud.

A ello se suma una preocupación creciente sobre el modelo de implantación territorial de determinadas infraestructuras de escala supramunicipal o insular que terminan localizándose de forma recurrente en entornos como Valle de Guerra, generando entre la ciudadanía la sensación de que determinados territorios son considerados prioritariamente como espacios receptores de impactos, mientras continúan existiendo déficits históricos en dotaciones y servicios esenciales para la población.

En las últimas fechas esta percepción se ha intensificado a raíz de diversos proyectos e iniciativas promovidas desde otras administraciones públicas que afectan directamente al entorno de Valle de Guerra y zonas limítrofes. Entre ellas, el debate generado alrededor de la implantación del futuro Centro de Protección Animal “Tierra Azul” en la finca insular Presas del Campo, promovido por el Cabildo de Tenerife mediante la fórmula de Proyecto de Interés Insular, así como otras infraestructuras estratégicas proyectadas en el entorno norte y nordeste del municipio, como la desaladora vinculada al abastecimiento insular.

Más allá del debate concreto sobre cada una de estas actuaciones, legítimo y necesario, lo cierto es que estas situaciones han vuelto a poner sobre la mesa una cuestión de fondo que debe ser abordada desde las instituciones municipales, la necesidad de garantizar criterios claros de equilibrio territorial, participación vecinal y retorno comunitario en la implantación de infraestructuras supramunicipales en los entornos rurales del municipio.

No se trata de cuestionar de manera simplista la necesidad de infraestructuras públicas insulares. Muchas de ellas responden a necesidades objetivas relacionadas con el bienestar animal, el abastecimiento, la gestión ambiental o los servicios públicos. Tampoco se trata de rechazar automáticamente cualquier actuación que pueda implantarse en suelo rural. La realidad territorial de una isla como Tenerife obliga a planificar equipamientos y servicios que, en ocasiones, deben localizarse fuera de los grandes núcleos urbanos.

Sin embargo, sí resulta necesario abrir un debate sereno y responsable sobre cómo se toman estas decisiones, qué criterios territoriales se utilizan, qué grado de participación tiene la ciudadanía afectada y de qué manera se equilibran los impactos territoriales con mejoras reales para los núcleos que acogen este tipo de infraestructuras.

La ciudadanía no puede percibir que los entornos rurales únicamente aparecen en la planificación insular cuando se trata de localizar equipamientos de impacto o actividades no deseadas en otras zonas de la Isla. La cohesión territorial también implica distribuir de manera equilibrada tanto las cargas como las oportunidades, las inversiones y los beneficios derivados de las políticas públicas.

En este sentido, resulta especialmente importante reforzar los mecanismos de participación vecinal en fases tempranas de los proyectos. En demasiadas ocasiones, la información llega a la ciudadanía una vez las decisiones estratégicas ya están tomadas, generando desconfianza institucional, sensación de imposición y conflictividad social evitable.

La participación ciudadana no debe entenderse como un mero trámite administrativo limitado a periodos de alegaciones técnicas difíciles de interpretar para buena parte de la población. Debe convertirse en un proceso real de información, escucha y construcción colectiva, especialmente cuando se trata de proyectos con capacidad de alterar el entorno, el paisaje, la movilidad o la vida cotidiana de los barrios y pueblos afectados.

Asimismo, es necesario avanzar hacia modelos de planificación territorial más equilibrados y transparentes, donde la implantación de infraestructuras supramunicipales incorpore evaluaciones integrales no solo desde el punto de vista técnico o ambiental, sino también social y comunitario. La aceptación de los proyectos públicos depende en gran medida de la confianza que la ciudadanía tenga en las instituciones y de la percepción de que sus opiniones y preocupaciones son tenidas en cuenta de forma efectiva.

Por todo ello, esta moción no pretende abrir una confrontación estéril entre administraciones ni alimentar discursos de rechazo simplista a determinadas infraestructuras públicas. Lo que se plantea es la necesidad de establecer principios claros de gobernanza territorial que permitan compatibilizar el interés general insular con el respeto a los territorios, la participación democrática y la cohesión social de los barrios y pueblos afectados.

La Laguna debe defender un modelo de planificación territorial equilibrado, donde las decisiones estratégicas no se perciban como ajenas a la ciudadanía y donde los núcleos rurales sean reconocidos no solo como espacios disponibles para la implantación de equipamientos, sino como comunidades con identidad propia, necesidades específicas y derecho a participar activamente en las decisiones que afectan a su presente y su futuro.

En un contexto de creciente presión territorial sobre Tenerife, reforzar la participación ciudadana, la transparencia institucional y el equilibrio entre impactos y retornos comunitarios constituye una obligación democrática y una herramienta imprescindible para fortalecer la cohesión social y territorial del municipio.

Por todo lo anteriormente expuesto, proponemos al Pleno de La Laguna la adopción de los siguientes

ACUERDOS

Manifestar la necesidad de garantizar criterios de equilibrio territorial, participación vecinal y retorno comunitario en la implantación de infraestructuras supramunicipales o insulares que afecten a núcleos rurales del municipio como Valle de Guerra.

Instar al Cabildo Insular de Tenerife y al resto de administraciones competentes a reforzar los mecanismos de información y participación ciudadana en las fases iniciales de planificación y diseño de proyectos supramunicipales con incidencia territorial, ambiental o social en el municipio de La Laguna.

Solicitar que los proyectos de carácter supramunicipal o insular que se desarrollen en el entorno rural de La Laguna contemplen medidas de retorno comunitario y mejora del territorio, mediante inversiones en servicios públicos, equipamientos, movilidad, espacios comunitarios o actuaciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población residente.

Atendiendo a los acuerdos adoptados por el Pleno municipal en el mes de febrero de 2026 en relación con el futuro Centro de Protección Animal en la finca Presas del Campo, especialmente aquellos dirigidos a garantizar una comunicación permanente con los vecinos y vecinas de Valle de Guerra, e instar al Cabildo Insular de Tenerife y al Ayuntamiento de La Laguna a reforzar, ampliar y dar continuidad a los espacios de encuentro, información y diálogo vecinal durante todas las fases de tramitación y desarrollo de proyectos supramunicipales con afección territorial en el entorno rural del municipio.

Instar a las administraciones competentes a incorporar criterios de evaluación integral de impacto territorial y social en este tipo de infraestructuras, teniendo en cuenta no sólo los aspectos técnicos y ambientales, sino también la percepción vecinal, la cohesión territorial y el equilibrio entre cargas e inversiones públicas.

Dar traslado del presente acuerdo al Cabildo Insular de Tenerife, a las asociaciones vecinales de Valle de Guerra y del entorno afectado, así como a la Federación Canaria de Municipios (FECAM).

ENMIENDA:

Enmienda de adición del Grupo de Gobierno:

Continuar dando cumplimiento a los acuerdos adoptados en la enmienda de sustitución del grupo de gobierno, al punto número 2 del pleno del 5 de febrero de 2026.

INCIDENCIAS.

En este punto interviene Carlos Manuel Abreu Delgado, avalado por cien firmas y doña Patricia de León Rodriguez en representación de la Asociación Juvenil El Tarajal.

ACUERDO:

Tras las intervenciones que obran íntegramente en la grabación que contiene el diario de la sesión plenaria, el Ayuntamiento en Pleno, por veinticuatro votos a favor, ningún voto en contra y tres abstenciones, ACUERDA aprobar la moción enmendada.

VOTACIÓN:

24 VOTOS A FAVOR:

10 del Grupo Municipal PSOE

8 del Grupo Municipal Coalición Canaria

5 del Grupo Mixto:

1 de VOX

2 de Unidas se puede

2 de Drago Verdes Canarias

1 de la concejal no adscrita

3 ABSTENCIONES:

3 del Grupo Municipal Partido Popular

PUNTO 6.- MOCIÓN QUE PRESENTA MOISÉS DOMÍNGUEZ LLANOS, DEL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR, PARA LA ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN MUNICIPA INTEGRAL DE SALUD MENTAL EN SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA.

Antecedentes

La salud mental se ha consolidado en los últimos años como uno de los principales desafíos de las políticas públicas a nivel global, estatal y autonómico, siendo reconocida por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud como un elemento esencial del bienestar integral de las personas.

En España, y particularmente tras los efectos derivados de la pandemia de la COVID-19, se ha producido un aumento significativo de los problemas relacionados con la salud mental, especialmente entre jóvenes, personas mayores y colectivos en situación de vulnerabilidad. Este contexto ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar las políticas públicas en materia de prevención, detección temprana y acompañamiento comunitario.

Si bien la competencia directa en materia sanitaria corresponde a las comunidades autónomas, los ayuntamientos desempeñan un papel fundamental en el ámbito de la promoción de la salud, la intervención social y la proximidad a la ciudadanía, actuando como primera puerta de entrada para la detección de situaciones de riesgo y la articulación de respuestas coordinadas.

En este sentido, diversos municipios españoles han avanzado en la implantación de planes municipales de salud mental, como es el caso de Fuenlabrada, Getafe o Murcia, desarrollando estrategias integrales que combinan prevención, intervención comunitaria y coordinación institucional, con resultados positivos en términos de bienestar social y eficiencia en la gestión de recursos públicos.

En el ámbito de San Cristóbal de La Laguna, el Ayuntamiento ha venido desarrollando en los últimos años diversas iniciativas relacionadas con la salud mental, tales como programas de atención psicológica comunitaria, talleres en centros educativos, acciones de sensibilización, así como la colaboración con entidades del tercer sector especializadas en este ámbito.

Asimismo, se ha constituido la Mesa Intersectorial de Salud, como espacio de coordinación entre diferentes agentes institucionales y sociales, y el municipio forma parte de redes de promoción de la salud a nivel estatal.

No obstante, estas actuaciones, si bien relevantes, se desarrollan de forma dispersa, sin una planificación estratégica integral que permita ordenar, coordinar y evaluar de manera sistemática el conjunto de políticas municipales en materia de salud mental.

Aunque existe un Plan de Acción Municipal de Salud, consideramos que, en el marco de este mismo plan, sería conveniente elaborar un apartado específico que dé mucho más peso a las acciones relacionadas con la salud mental, habida cuenta de la importancia que este tema tiene actualmente.

Exposición de motivos

La salud mental no puede ser entendida exclusivamente como una cuestión sanitaria. Una parte significativa de los factores que inciden en el bienestar emocional de las personas tiene su origen en determinantes sociales, educativos y comunitarios, tales como la soledad no deseada, la precariedad económica, la falta de redes de apoyo, las dificultades en el ámbito educativo o la conciliación familiar y laboral.

En este contexto, la administración local, como institución más cercana a la ciudadanía, se encuentra en una posición privilegiada para desarrollar políticas públicas orientadas a la prevención, la detección temprana y la intervención comunitaria.

San Cristóbal de La Laguna dispone de una base sólida sobre la que construir una estrategia más ambiciosa en materia de salud mental. Existen programas municipales activos, recursos comunitarios, colaboración con entidades sociales y experiencia acumulada en distintos ámbitos de intervención. Sin embargo, la ausencia de un plan integral limita la eficacia de estas actuaciones, impidiendo aprovechar todo su potencial.

La puesta en marcha de un Plan Municipal Integral de Salud Mental permitiría superar esta situación, introduciendo un cambio cualitativo en la forma de abordar esta materia.

En primer lugar, permitiría pasar de un modelo basado en actuaciones aisladas a una estrategia estructurada, con objetivos claros, líneas de actuación definidas y un calendario de implementación. Esto facilitaría la planificación a medio y largo plazo, garantizando la continuidad de las políticas públicas.

En segundo lugar, favorecería la coordinación entre las diferentes áreas municipales implicadas, tales como servicios sociales, educación, juventud, deportes, igualdad o participación ciudadana, evitando duplicidades y mejorando la eficiencia en el uso de los recursos públicos.

En tercer lugar, posibilitaría la implantación de sistemas de evaluación e indicadores que permitan medir el impacto de las actuaciones, identificar buenas prácticas y corregir posibles desviaciones, avanzando hacia una gestión basada en evidencias.

Asimismo, un plan integral permitiría reforzar las políticas de prevención, especialmente en el ámbito educativo, mediante la implementación de programas estables de educación emocional, prevención del acoso escolar, uso responsable de las tecnologías y promoción del bienestar psicológico en la infancia y la adolescencia.

Igualmente, facilitaría el desarrollo de estrategias específicas dirigidas a colectivos vulnerables, como personas mayores en situación de soledad, jóvenes en riesgo de exclusión social o familias con dificultades socioeconómicas, garantizando una intervención más equitativa y ajustada a las necesidades reales del municipio.

Otro elemento clave sería la mejora de la coordinación con el sistema sanitario, en particular con el Servicio Canario de Salud, así como con las entidades del tercer sector, reforzando los circuitos de derivación y atención.

Además, la elaboración de un plan municipal permitiría optimizar el uso de los recursos disponibles, priorizar actuaciones y acceder a posibles líneas de financiación externas, tanto a nivel autonómico como estatal o europeo.

En definitiva, se trata de dar un paso adelante en la acción pública municipal, situando la salud mental como una prioridad estratégica y avanzando hacia un modelo de ciudad que cuida, previene y acompaña.

Es por todo ello que, desde el Partido Popular de La Laguna, se plantean para su consideración por el Pleno los siguientes

ACUERDOS

PRIMERO. Iniciar las acciones administrativas y de otra índole para estudiar la viabilidad de un Plan Municipal Integral de Salud Mental, de carácter transversal, participativo y evaluable, en el plazo máximo de doce meses.

SEGUNDO. Reforzar los recursos municipales de atención psicológica y acompañamiento emocional, especialmente en centros ciudadanos, servicios sociales y programas de juventud.

TERCERO. Mejorar campañas públicas de concienciación para normalizar el cuidado de la salud mental, reducir el estigma y promover la búsqueda de ayuda.

CUARTO. Dar cuenta a la Mesa Intersectorial de Salud de estos acuerdos para que valore la viabilidad de llevar a cabo este plan integral propuesto.

ENMIENDA:

Enmienda de sustitución del Grupo de Gobierno y Partido Popular:

Reforzar en el I Plan Municipal de Promoción La Laguna Saludable 2026/2030 medidas concretas de salud mental adaptadas a las distintas etapas de la vida, priorizando la información, la prevención y la atención temprana, y reforzando los recursos municipales para dar una respuesta real y efectiva a la ciudadanía.

ACUERDO:

Tras las intervenciones que obran íntegramente en la grabación que contiene el diario de la sesión plenaria, el Ayuntamiento en Pleno, por unanimidad de los veintisiete miembros presentes, ACUERDA aprobar la enmienda de sustitución.

PUNTO 7.- MOCIÓN QUE PRESENTA MARÍA LEONOR CRUZ ACOSTA, DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, DE RATIFICACIÓN DEL COMPROMISO DEL MUNCIPIO CON EL PLAN COLABORATIVO SOBRE DISCAPACIDADES “ALIANZAS: SOMOS CAPACIDAD”.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El municipio de San Cristóbal de La Laguna viene desarrollando, a través del Plan Colaborativo sobre Discapacidades “Alianzas: Somos Capacidad”, un modelo de intervención basado en la cooperación entre administraciones públicas, entidades sociosanitarias, sociales y ciudadanía, con el objetivo de mejorar la calidad de vida, la autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad.

Este Plan se fundamenta en principios esenciales como la accesibilidad universal, la igualdad de oportunidades, la participación y la vida independiente, promoviendo un enfoque de derechos que sitúa a las personas con discapacidad como protagonistas en la toma de decisiones que les afectan.

En este contexto, el “Pleno por la Vida Independiente” se configura como un espacio simbólico y real de participación democrática, donde las personas con discapacidad ejercen un papel activo en la construcción de propuestas y en la definición de políticas públicas más inclusivas.

Por ello, resulta necesario reforzar el compromiso institucional del municipio, garantizando la continuidad de este modelo de gobernanza participativa y el impulso de acciones que contribuyan a la construcción de una sociedad más justa, accesible e inclusiva.

Por todo lo anteriormente expuesto, proponemos al Pleno de la vida independiente del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna los siguientes ACUERDOS:

Ratificar el compromiso del municipio con el desarrollo del Plan Colaborativo sobre Discapacidades “Alianzas: Somos Capacidad”, en nombre del conjunto de la ciudadanía, mediante las siguientes líneas de actuación:

Garantizar la participación activa de las personas con discapacidad en la toma de decisiones públicas.

Impulsar acciones de sensibilización y concienciación social que promuevan una cultura inclusiva y el respeto a la diversidad.

Avanzar en la accesibilidad universal en todos los ámbitos municipales.

Fortalecer el Consejo Municipal de Discapacidad como espacio de gobernanza participativa.

Promover la autonomía personal y la vida independiente.

Reforzar el trabajo en red entre administraciones públicas, entidades sociales y ciudadanía.

Dar traslado de los acuerdos adoptados a las áreas municipales competentes y al Consejo Municipal de Discapacidad, para su desarrollo, seguimiento e incorporación a las líneas de trabajo del Plan.

Proceder al cierre institucional del Pleno por la Vida Independiente, reafirmando el compromiso del Ayuntamiento con la inclusión, la participación y los derechos de las personas con discapacidad.

ACUERDO:

Tras las intervenciones que obran íntegramente en la grabación que contiene el diario de la sesión plenaria, el Ayuntamiento en Pleno, por veintiséis votos a favor ACUERDA aprobar la moción.

PUNTO 8.- MOCIÓN QUE PRESENTA MANUEL ALEJANDRO RODRÍGUEZ PARDO, DEL GRUPO MIXTO - VOX, SOBRE LA REGULARIZACIÓN MASIVA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado 16 de abril entró en vigor el Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Este Real Decreto, fruto del acuerdo del Gobierno de Pedro Sánchez con sus socios parlamentarios, tiene como fin impulsar una regularización extraordinaria de, por lo menos, medio millón de extranjeros que se encuentran ilegalmente en España, si bien existen cálculos que elevan enormemente esa previsión. Todo ello, además, evitando deliberadamente el debate y la votación en las Cortes Generales.

La aprobación del Real Decreto 316/2026 tampoco ha sido casual. Esta norma, junto con el Real Decreto 180/2026, de 11 de marzo, por el que se regula el reconocimiento del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de las personas extranjeras que encontrándose en España no tengan su residencia legal en el territorio español, tiene a medio plazo un innegable propósito electoral: a cambio de premiar a quienes vulneraron las leyes españolas para acceder a nuestro territorio o para permanecer en él, busca proporcionar millones de votos a los partidos de izquierda especialmente implicados en el fomento de la inmigración masiva.

A este respecto, resulta totalmente inaceptable que personas que han accedido al territorio nacional al margen de la legalidad sean posteriormente recompensadas mediante procesos de regularización que no solo desvirtúan el propio ordenamiento jurídico, sino que envían un mensaje inequívoco de impunidad y estímulo a la infracción de nuestras normas. Y también lo es que cualquier extranjero que vea regularizada su situación mediante la obtención de un permiso de residencia acceda, de forma inmediata, a un conjunto de ayudas y prestaciones que resultan inaccesibles para los propios españoles que las sufragan con su esfuerzo.

Por último, se ha de señalar que la entrada en vigor del citado procedimiento extraordinario de regularización está provocando en numerosos municipios una afluencia masiva de solicitantes hacia los servicios municipales, especialmente en padrón, registro y servicios sociales, que actúan de facto como primer punto de contacto ante la falta de medios o asesoramiento de los interesados. Esta situación está generando una sobrecarga significativa de recursos públicos locales, con riesgo real de colapso en la atención ordinaria, retrasos en la tramitación de expedientes propios del ámbito municipal y una progresiva desatención de las necesidades de los vecinos. A ello se suma la presión para la emisión de informes, en particular los de vulnerabilidad, que pueden llegar a elaborarse sin las debidas garantías si no se establecen criterios estrictos, así como la confusión sobre el papel del Ayuntamiento en un procedimiento que no le corresponde. Todo ello exige adoptar medidas claras que aseguren el respeto al marco competencial, eviten distorsiones en la prestación de los servicios públicos y garanticen una actuación administrativa rigurosa, ordenada y ajustada a Derecho.

Por lo anteriormente expresado instamos al Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna en Pleno a declarar e instar a todas las autoridades supramunicipales a que cumplan y se comprometan con los siguientes:

ACUERDOS

Rechazar la regularización masiva de inmigrantes ilegales en España impulsada por el Gobierno.

Instar al Gobierno de España a aprobar una norma reglamentaria que deje sin efecto las modificaciones del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por el Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, que se ha llevado a cabo por medio del Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, y que derogue este último, poniendo fin de esta manera al proceso de regularización masiva de inmigrantes que se encuentran en España de forma ilegal.

Instar al Gobierno de España a repatriar a todos los inmigrantes que se encuentren de forma ilegal en nuestra Nación; así como establecer la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales y programas de vivienda, y proceder a la remigración de todos aquellos extranjeros que, por no contribuir con su trabajo y esfuerzo a la economía nacional, erosionan el Estado de Bienestar de los españoles.

Exigir que todas las solicitudes de documentación tramitadas por el Ayuntamiento se sometan a una verificación estricta de los requisitos legales, mediante comprobación individualizada, documentada y sin automatismos, prohibiendo expresamente la emisión de informes faltos de rigor o la acreditación de hechos no verificados.

Establecer que la emisión de informes de vulnerabilidad se basa únicamente en hechos objetivamente acreditados, mediante una evaluación técnica completa que incorpore entrevistas personales, análisis documental y comprobaciones administrativas, con verificación de la situación laboral, patrimonial, de empadronamiento y de acceso a otras ayudas.

Rechazar la adopción de medidas extraordinarias destinadas a facilitar procesos masivos, tales como refuerzos de personal, horas extraordinarias, contrataciones específicas o dispositivos especiales, manteniendo inalteradas la organización del servicio y las prioridades presupuestarias municipales.

Garantizar que estos procedimientos administrativos no alteren la prestación de los servicios ordinarios a los vecinos, limitando su tramitación a los medios y horarios ordinarios, mediante un sistema de cita previa ajustado al mínimo legal exigible y sin despliegue de recursos adicionales.

ENMIENDA:

Enmienda de sustitución del Grupo Municipal Partido Popular

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna manifiesta su rechazo a lapolítica migratoria del Gobierno de España y reprueba su gestión por no hacer uso óptimo de los recursos y plazas de acogida de titularidad estatal en la ciudad, trasladando la presión asistencial al Ayuntamiento y a las entidades sociales, a pesar de tratarse de competencias propias de la Administración del Estado.

SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna insta al Gobierno de Estaña a retirar el Real Decreto de regularización masiva por carecer de los mecanismos de control necesarios, por vulnerar los principios europeos en materia migratoria y por contravenir los objetivos fijados en el Pacto Europeo de Migración y Asilo, y a tramitar cualquier modificación en materia de extranjería como proyecto o proposición de ley en el Congreso de los Diputados, garantizando el debate parlamentario, la seguridad jurídica y la participación de los grupos políticos.

TERCERO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna exige al Gobierno de España que cualquier proceso de regularización se individualizado y esté acompañado de una memoria económica detallada, un procedimiento transparente, criterio claros y definidos, así como la habilitación de una financiación suficiente para que los municipios puedan afrontar su impacto, tanto en los procedimientos de tramitación como en el consiguiente desarrollo de itinerarios de inclusión social y laboral.

ACUERDO:

Tras las intervenciones que obran íntegramente en la grabación que contiene el diario de la sesión plenaria, se procede a la votación de la enmienda del grupo municipal Partido Popular que es rechazada por tres votos a favor, veintiún votos en contra y ninguna abstención.

Posteriormente, se procede a la votación de la moción que es igualmente rechazada por un voto a favor, diecinueve votos en contra y tres abstenciones,

Por lo que, el Ayuntamiento en Pleno ACUERDA rechazar la enmienda y la moción presentadas.

VOTACIÓN DE LA ENMIENDA:

3 VOTOS A FAVOR:

3 del Grupo Municipal Partido Popular

21 VOTOS A EN CONTRA:

8 del Grupo Municipal PSOE

7 del Grupo Municipal Coalición Canaria

5 del Grupo Mixto:

1 de VOX

2 de Unidas se puede

2 de Drago Verdes Canarias

1 del concejal no adscrito

VOTACIÓN DE LA MOCIÓN:

1 VOTO A FAVOR:

1 del Grupo Mixto:

1 de VOX

19 VOTOS A EN CONTRA:

7 del Grupo Municipal PSOE

7 del Grupo Municipal Coalición Canaria

4 del Grupo Mixto:

2 de Unidas se puede

2 de Drago Verdes Canarias

1 de la concejal no adscrita

3 ABSTENCIONES:

3 del Grupo Municipal Partido Popular

PUNTO 9.- MOCIÓN QUE PRESENTA MANUEL ALEJANDRO RODRÍGUEZ PARDO, DEL GRUPO MIXTO - VOX, RELATIVA A LA PRIORIDAD NACIONAL.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PRIMERO.- CONSECUENCIAS DE LA INMIGRACIÓN MASIVA EN LA SOCIEDAD ESPAÑOLA

El actual Estado de bienestar es fruto del esfuerzo sostenido y la contribución generosa de generaciones enteras de españoles que, con su trabajo y sacrificio, han hecho posible el establecimiento de unos servicios públicos dignos. Sin embargo, dicho sistema se encuentra hoy sometido a una profunda crisis como consecuencia directa de la deficiente gestión de los sucesivos gobiernos, que, pese a la asfixiante carga fiscal a la que tienen sometidos al conjunto de los españoles, no son capaces de asegurar la calidad y eficacia de esos mismos servicios públicos.

A ello se suma un problema aún mayor, que ha provocado el colapso de esos servicios públicos y que ha terminado por deteriorar profundamente el sistema que con tanto esfuerzo se había conseguido edificar: la inmigración masiva y descontrolada.

En los últimos años se ha producido en España una profunda alteración demográfica, caracterizada por un incremento acelerado de la población residente que no responde al crecimiento natural de la población española – la cual, lejos de experimentar un aumento, ha registrado una disminución superior a 750.000 personas desde el año 2020 – sino a la entrada masiva de extranjeros. Y es que, en el transcurso de los últimos cinco años, España ha recibido cerca de tres millones de personas extranjeras, superándose por primera vez el umbral de diez millones de residentes de esta naturaleza.

En el momento de la aprobación de la actualmente vigente Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España (“Ley de extranjería”), la población de origen extranjero en España no alcanzaba el cuatro por ciento del total. En el año 2026, por el contrario, supera ampliamente el veinte por ciento. Este cambio no responde a una evolución natural, sino a una transformación profunda y deliberada de la sociedad española, impulsada por los sucesivos gobiernos del bipartidismo, que han optado no ya por tolerar, sino por fomentar un proceso de inmigración masiva.

Las consecuencias de esta deriva han sido tan evidentes como alarmantes. La inmigración masiva ha tensionado hasta extremos insostenibles los servicios públicos, y además ha sido el factor determinante del deterioro de la seguridad ciudadana y de la quiebra de las condiciones básicas de orden y convivencia.

Centrándonos en este último aspecto, desde la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia de Gobierno, la criminalidad ha experimentado un incremento muy significativo en ámbitos de especial gravedad: el tráfico de drogas se ha incrementado en un 60,9%; las agresiones sexuales con penetración en un 215,2%, los delitos contra la libertad sexual en un 56,7%; y los delitos graves o menos graves de lesiones y riña tumultuaria en un 72,4%.

En 2024 la tasa de condenados totales extranjeros fue del doble que la de los españoles. Esta proporción se cumple en los tipos delictivos más graves como el homicidio e incluso aumenta el triple para delitos sexuales o robos. El 68% de los detenidos por delitos sexuales en el País Vasco en 2025 fueron extranjeros según la propia policía regional vasca. En 2024, tres de cada cuatro detenidos en Barcelona capital por agresión sexual eran extranjeros y el 91% de los condenados en toda Cataluña por violación no tenían nacionalidad española.

De otra parte, más allá de este deterioro creciente de la seguridad, y de factores como el estancamiento persistente de los salarios reales, los evidentes problemas de integración, y la saturación de los servicios y recursos públicos, concurre asimismo una grave situación de emergencia habitacional que agrava aún más este escenario. Una parte importante de los beneficiarios de ayudas al alquiler corresponde a población de origen extranjero, mientras amplios sectores de españoles ven reiteradamente frustrado su acceso a dichas prestaciones, pese a ser quienes, con su esfuerzo, sostienen el sistema.

Asimismo, miles de personas fallecen cada año sin haber recibido la atención que les corresponde en el sistema de dependencia, y más de una cuarta parte de la población se encuentra en riesgo de pobreza. Todo lo cual evidencia el colapso de los servicios públicos y el especial del sistema sanitario, tensionado por un incremento constante de la demanda que las propias políticas migratorias han propiciado.

Pero lo más importante es que con sus políticas en esta materia los sucesivos gobiernos han evidenciado una completa indiferencia ante la total pérdida de cohesión del pueblo español como comunidad nacional. La llegada masiva de tantos inmigrantes en tan poco tiempo está unida a la disminución de la población autóctona, provocada a su vez por cambios en la estructura económica y en el modo de vida en los cuales el bipartidismo tiene asimismo una responsabilidad directa. Ambos procesos están causando una sustitución progresiva de la población de España.

Las denominadas “políticas de puertas abiertas” han sido el instrumento de esta deriva, cuyos efectos ya se han visibles en la desaparición de la identidad de nuestros barrios, en la alteración de sus formas de vida y en la ruptura de los vínculos sociales que durante generaciones habían vertebrado nuestra convivencia.

Este proceso de sustitución progresiva se ha visto reforzado por un sistema legal que no solo ha permitido, sino que en la práctica ha favorecido la llegada masiva de población extranjera, imponiendo simultáneamente a los españoles la carga de sostener sus consecuencias. De este modo, quienes con su esfuerzo contribuyen al sostenimiento del Estado han sido injustamente igualados, cuando no postergados, en el acceso a unos servicios públicos que son fruto de su propio trabajo y sacrificio.

SEGUNDO.- LA REGULARIZACIÓN DE INMIGRANTES ILEGALES POR EL ACTUAL GOBIERNO

Recientemente el Gobierno de España ha aprobado dos normas que intensificarán aún más los problemas que sufre nuestro país por efecto de la inmigración masiva. Una de ellas es el Real Decreto 180/2026, de 11 de marzo, por el que se regula el reconocimiento del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de las personas extranjeras que encontrándose en España no tengan su residencia legal en el territorio español. Esta norma permite a todos los inmigrantes ilegales acceder al Sistema Nacional de Salud, permitiendo de esta manera a quienes vulneraron las leyes españolas para acceder a nuestro territorio o para permanecer en él.

Mas grave, si cabe, es la aprobación del Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Este Real Decreto, como indica su nombre, modifica el Reglamento de la Ley de extranjería, con finalidad de regularizar a, por lo menos, medio millón de extranjeros que se encuentran ilegalmente en España, si bien existen cálculos que elevan enormemente esa previsión.

Estas medidas tienen a medio plazo un innegable propósito electoral: conseguir nacionalizaciones masivas que proporcionen millones de votos a los partidos de izquierda especialmente implicados en el fomento de la inmigración masiva.

Esto no es una suposición: es público y notorio que la decisión del Gobierno de proceder a la regularización masiva de inmigrantes ilegales, aunque asumida como propia sin ningún problema, obedeció a un pacto suscrito en enero de este año 2026 con el partido Podemos, y que Irene Montero, dirigente de dicha formación, proclamó el día 31 de ese mes lo siguiente: “ojalá teoría del reemplazo, ojalá podamos barrer de fachadas y de racistas este país con gente inmigrante, con gente trabajadora, claro que yo quiero que haya reemplazo”.

En todo caso, es inaceptable que personas que han accedido al territorio nacional al margen de la legalidad sean posteriormente recompensadas mediante procesos de regularización que no solo desvirtúan el propio ordenamiento jurídico, sino que envían un mensaje inequívoco de impunidad y estímulo a la infracción de nuestras formas. Y también lo es que cualquier extranjero que vea regularizada su situación mediante la obtención de un permiso de residencia acceda, de forma inmediata, a un conjunto de ayudas y prestaciones que resultan inaccesibles para los propios españoles que las sufragan con su esfuerzo.

TERCERO.- LA ALTERNATIVA: POLÍTICAS PÚBLICAS DE PRIORIDAD NACIONAL

Es inaplazable poner término una realidad que contradice los principios más elementales sobre los que debe asentarse toda comunidad política. El Estado y el entramado institucional no existen por mero formalismo, sino para salvaguardar la seguridad, la justicia y el bienestar de quienes son parte de la comunidad nacional.

Es más, la propia jurisprudencia constitucional afirma que “existen derechos que corresponden por igual a españoles y extranjeros y cuya regulación ha de ser igual para ambos; existen derechos que no pertenecen en modo alguno a los extranjeros; existen otros que pertenecerán o no a los extranjeros según lo dispongan los tratados y las Leyes, siendo entonces inadmisible la diferencia de trato con los españoles en cuanto a su ejercicio” (STC 107/1984, de 23 de noviembre).

De ello se desprende que la preferencia de los nacionales en el acceso a ayudas públicas no solo es legítima, sino que responde a un principio elemental de responsabilidad política. No se trata de arbitrariedad ni exclusión caprichosa, sino de afirmar un criterio de justicia retributiva vinculado al deber primario de todo gobierno: atender antes a quienes sostienen y conforman la propia comunidad nacional. Esta prioridad no es sino la expresión de un compromiso social arraigado en la idea de pertenencia y en la obligación de proteger a los más vulnerables entre los propios. Por supuesto la prioridad nacional en ningún caso supone conflicto con la inviolable dignidad de la naturaleza humana: la comunidad siempre debe garantizar la asistencia en situaciones de urgencia vital y el amparo básico.

En este sentido, se ha de destacar el reciente Acuerdo de Gobierno en Extremadura, el cual ha incorporado expresamente gracias a VOX el principio de prioridad nacional en el acceso a ayudas sociales y vivienda.

Este Acuerdo de Gobierno, que sin duda aspira a transformar Extremadura y a servir de modelo para toda España, apuesta reformar el marco normativo vigente, adecuándolo a las necesidades y exigencias de justicia social que reclama el pueblo español. Legislar no puede ser un ejercicio ajeno a la realidad: ha de hacerse con sentido de responsabilidad, con firmeza y con lealtad hacia España y hacia los españoles.

Por lo anteriormente expresado instamos al Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna en Pleno a declarar e instar a todas las autoridades supramunicipales a que cumplan y se comprometan con los siguientes:

ACUERDOS

Garantizar la prioridad nacional y la conservación del Estado de bienestar de los españoles.

Repatriar a todos los inmigrantes que se encuentren de forma ilegal en nuestra Nación; así como establecer la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales, los servicios públicos y programas de vivienda, y proceder a la remigración de todos aquellos extranjeros que, por no contribuir con su trabajo y esfuerzo a la economía nacional, erosionan el Estado de bienestar de los españoles.

Garantizar la prioridad nacional de los españoles en todos los frentes de la vivienda: para acceder a una vivienda social, para acceder a una vivienda protegida, para acceder a bonificaciones fiscales diferenciadas o para ser receptor de cualquier tipo de ayuda relacionada con la vivienda.

Garantizar el mantenimiento de nuestro sistema sanitario, impidiendo que, salvo casos de asistencia sanitaria urgente, inmediata y de carácter vital o de emergencia, los inmigrantes ilegales puedan hacer uso de nuestro sistema sanitario.

Derogar el Real Decreto 180/2026, de 11 de marzo, por el que se regula el reconocimiento del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de las personas extranjeras que encontrándose en España no tengan su residencia legal en el territorio español.

Aprobar una norma reglamentaria que deje sin efecto las modificaciones del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por el Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, que se han llevado a cabo por medio del Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, y que derogue este último, poniendo fin de esta manera al proceso de regularización masiva de inmigrantes que se encuentran en España de forma ilegal.

Garantizar la prioridad nacional en el acceso al sistema público de prestaciones y pensiones públicas, promoviendo las modificaciones normativas oportunas del sistema de la Seguridad Social para asegurar que las prestaciones y pensiones de naturaleza no contributiva quedan reservadas a los españoles.

A los efectos del reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita de los extranjeros, la insuficiencia de recursos económicos se determinará atendiendo no solo a los ingresos del solicitante en España, sino también a su patrimonio y rentas radicadas en el extranjero, especialmente en su país de origen. En cualquier caso, no se prestará asistencia jurídica gratuita a los extranjeros en los asuntos relacionados con procesos de expulsión de territorio nacional.

ENMIENDA:

Enmienda de sustitución del Partido Popular:

Desarrollar, dentro del respeto al marco constitucional y Estado de Derecho, una política migratoria clara y responsable que evite las situaciones de irregularidad, y adaptar, de forma inmediata, a la legislación nacional el nuevo Reglamento Europeo de Retornos aprobado por el Parlamento Europeo en marzo de este año.

Promover el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas inspirándose en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio. Este sistema, adecuado a la legalidad vigente, debe incluir: establecimiento de un periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio; vinculación del acceso a ayudas a la trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sistema; exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital. Para ello, se modificará la Ley Orgánica 4/2000 y cuantas disposiciones normativas dificulten la consecución efectiva de lo anterior.

Establecer un sistema de acceso a vivienda protegida y alquiler social inspirado en el principio de prioridad nacional, adecuado a la legalidad vigente que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio. Este sistema debe incluir: exigencia de arraigo real y prolongado, basado en empadronamiento histórico en el territorio (mínimo de 10 años para compra y 5 años para alquiler); refuerzo de los criterios de vinculación económica, social, familiar, laboral y formativa como elementos que evidencian la relación efectiva y afectiva del solicitante con el territorio. El objetivo es garantizar la estabilidad residencial, fija población, fomentar la cohesión social, favorecer la consolidación de proyectos de vida, permitir el retorno de miles de españoles forzados a emigrar por falta de oportunidades y evitar situaciones de excesiva rotación del parque de vivienda. A estos efectos, se debe valorar, al menos, con sujeción a la legalidad, la trayectoria de cotización y actividad laboral, la existencia de familiares de primer grado residiendo en el territorio, así como cualquier otro criterio que acredite vinculación real y duradera de los solicitantes con el territorio. Se debe valorar positivamente, a su vez, a efectos de criterios de baremación, todos aquellos perfiles más expuestos a la actual crisis de vivienda: jóvenes menores de 36 años, nuevos núcleos familiares, familias numerosas, unidades de convivencia con dependientes a cargo, personas con discapacidad, personas sin solución habitacional, unidades de convivencia en situación de hacinamiento, etc. Además, se debe excluir a aquellos que hayan sido condenados como autores de delitos de allanamiento o usurpación de viviendas en los últimos 5 años. Lo mismo sucederá cuando se haya emitido contra ellas resolución administrativa firme que ordene la recuperación y/o desahucio administrativo por ocupación sin título de otra vivienda de titularidad pública.

Aprobar una norma reglamentaria que deje sin efecto las modificaciones del Reglamento de Ley Orgánica, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, que se han llevado a cabo por medio del Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, y que derogue este último, poniendo fin de esta manera al proceso de regularización masiva de inmigrantes que se encuentren en España de forma ilegal.

ACUERDO:

Tras las intervenciones que obran íntegramente en la grabación que contiene el diario de la sesión plenaria, se procede a la votación de la enmienda del grupo municipal Partido Popular que es rechazada por tres votos a favor, dieciocho votos en contra y una abstención.

Posteriormente se procede a la votación de la moción que es igualmente rechazada por un voto a favor, veinte votos en contra y tres abstenciones.

Por lo que, el Ayuntamiento Pleno ACUERDA rechazar la enmienda y la moción presentadas.

VOTACIÓN DE LA ENMIENDA:

3 VOTOS A FAVOR:

3 del Grupo Municipal Partido Popular

18 VOTOS A EN CONTRA:

6 del Grupo Municipal PSOE

7 del Grupo Municipal Coalición Canaria

4 del Grupo Mixto:

2 de Unidas se puede

2 de Drago Verdes Canarias

1 de la concejal no adscrita

1 ABSTENCIÓN:

1 del Grupo Mixto:

1 de VOX

VOTACIÓN DE LA MOCIÓN:

1 VOTO A FAVOR:

1 del Grupo Mixto:

1 de VOX

20 VOTOS A EN CONTRA:

7 del Grupo Municipal PSOE

8 del Grupo Municipal Coalición Canaria

4 del Grupo Mixto:

2 de Unidas se puede

2 de Drago Verdes Canarias

1 de la concejal no adscrita

3 ABSTENCIONES:

3 del Grupo Municipal Partido Popular

PUNTO 10.- MOCIÓN QUE PRESENTA DAILOS DANIEL GONZÁLEZ FERRERA, DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, CARMEN LUISA GONZÁLEZ DELGADO, DEL GRUPO MUNICIPAL COALICIÓN CANARIA, SAÚL GÓMEZ ALBEROLA, DEL GRUPO MIXTO – UNDAS SE PUEDE, CARMEN PEÑA CURBELO, DEL GRUPO MIXTO – DRAGO VERDES CANARIAS Y YADIRA ISABEL ÁLVAREZ BENÍTEZ, CONCEJALA NO ADSCRITA, PARA LA REAFIRMACIÓN Y EL RESPETO DE LAS POLÍTICAS EN MATERIA DE IGUALDAD Y LGTBIQA+ DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las instituciones públicas no son espacios neutrales ante la vulneración de derechos. Son, por definición, garantes de la igualdad, la dignidad y la convivencia democrática.

En este sentido, las políticas públicas en materia de igualdad y diversidad no constituyen una opción ideológica, sino una obligación institucional derivada del marco constitucional, del derecho internacional de los derechos humanos y del propio compromiso democrático de las administraciones públicas.

La historia reciente de nuestro país demuestra que los avances en materia de derechos de las personas LGTBIQA+, han sido fruto de décadas de lucha frente a situaciones de estigmatización, invisibilización, discriminación y, en demasiadas ocasiones, violencia.

Hoy, pese a los avances logrados, persisten discursos y comportamientos que banalizan, cuestionan o ridiculizan realidades que merecen respeto y reconocimiento. Frente a ello, las instituciones deben actuar con claridad y contundencia: no cabe equidistancia cuando están en juego derechos fundamentales.

Los derechos de las personas LGTBIQA+ son derechos humanos. Las administraciones públicas deben promover activamente la igualdad real y efectiva, eliminando y rechazando cualquier forma de discriminación. La visibilización institucional es una herramienta esencial para combatir el odio, el acoso y la exclusión social. Asimismo, los cargos públicos que representan a la ciudadanía en las instituciones, deben ser ejemplares, hacer su trabajo político desde el respeto y no generar situaciones que supongan menosprecio, burla o rechazo hacia ningún sector de nuestra sociedad.

Así lo ampara la ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, también llamada la LEY ZEROLO, que en su artículo 1 dice:

1. La presente ley tiene por objeto garantizar y promover el derecho a la igualdad de trato y no discriminación, respetar la igual dignidad de las personas en desarrollo de los artículos 9.2, 10 y 14 de la Constitución.

2. A estos efectos, la ley regula derechos y obligaciones de las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, establece principios de actuación de los poderes públicos y prevé medidas destinadas a prevenir, eliminar, y corregir toda forma de discriminación, directa o indirecta, en los sectores público y privado.

Y concretamente esta ley, en su artículo 22.1 hace referencia a que “todos los medios de comunicación social respetarán el derecho a la igualdad de trato, evitando toda forma de discriminación en el tratamiento y formato accesible de la información, en sus contenidos y su programación”.

Y en el artículo 25 que habla de las medidas de protección y reparación frente a la discriminación, “obliga a la aplicación de métodos o instrumentos suficientes para su detección, la adopción de medidas preventivas, y la articulación de medidas adecuadas para el cese de las situaciones discriminatorias.”

Asimismo, la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, establece el deber de las administraciones públicas de impulsar políticas activas contra la discriminación y de promoción de la diversidad sexual y de género.

En el ámbito autonómico, Canarias cuenta además con normativa específica de protección de los derechos de las personas LGTBIQA+, reforzando el deber de las instituciones públicas de promover entornos seguros, libres de discriminación y comprometidos con la igualdad efectiva.

En el ámbito local, los ayuntamientos desempeñan un papel esencial como instituciones más cercanas a la ciudadanía. Son espacios donde se materializan los valores democráticos y donde se construye, día a día, la convivencia.

Por ello y teniendo en cuenta el marco legal vigente en España, la visibilización de colectivos, el reconocimiento institucional y la defensa activa de la diversidad no solo son legítimos, sino que son de obligado cumplimiento. No hacerlo supondría estar al margen de la ley y abandonar a quienes históricamente han sufrido discriminación.

Cada una de las letras que forman el acrónimo del colectivo, tienen una historia, una reivindicación y una realidad que se ignora, se ridiculiza y se estigmatiza en la mayoría de los casos. La A de LGTBIQA+ significa ASEXUALIDAD. La asexualidad existe, y es reconocida por ser una orientación sexual que se caracteriza por la ausencia o baja frecuencia de atracción sexual hacia otras personas. Es una realidad como el resto a las que debemos, como administración, visibilizar y hablar de ella con libertad y pedagogía.

Izar su bandera en el mástil que hay para su efecto en la Plaza del Adelantado cada 6 de abril, es un simple gesto con el que esta administración reconoce y apoya a este colectivo. Cuestionar públicamente esta realidad desde el desconocimiento contribuye a perpetuar prejuicios, desinformación y actitudes discriminatorias hacia las personas asexuales. Cuando estas manifestaciones son realizadas por representantes públicos, el daño institucional y social es todavía mayor.

Cuando se quiere hacer defensa del patrimonio se hace desde la argumentación científica, urbanística y de conservación. Usar al colectivo para culpabilizar un supuesto deterioro o uso incorrecto es innecesario. No hace falta ofender o discriminar a nadie para defender el patrimonio de La Laguna. La defensa del patrimonio histórico y urbano no puede utilizarse como excusa para señalar, cuestionar o desacreditar a colectivos históricamente discriminados. No es necesario enfrentar derechos para proteger el patrimonio de la ciudad.

El municipio de San Cristóbal de La Laguna ha construido históricamente un modelo de convivencia abierto, plural y comprometido con los derechos humanos, siendo un municipio referente en Canarias en políticas públicas de igualdad y diversidad.

Nuestra ciudad es una ciudad amiga, referente en la isla en materia de igualdad, es abierta donde las personas son acogidas por igual. La Laguna es una ciudad ORGULLOSA. Y frente a los intentos de banalizar o ridiculizar estas políticas del representante y portavoz municipal del Partido Popular, este Ayuntamiento debe reafirmarse con claridad: la igualdad, el respeto y la dignidad no están en debate.

ACUERDOS

PRIMERO. Reafirmar el compromiso del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna con la defensa de los derechos humanos, la igualdad real y efectiva y la no discriminación de las personas LGTBIQA+.

SEGUNDO. Rechazar cualquier manifestación pública que contribuya a la ridiculización, estigmatización o deslegitimación de las personas por razón de su orientación sexual, características sexuales, identidad o expresión de género.

TERCERO. Instar a todos los representantes públicos a ejercer su responsabilidad desde el respeto, la altura institucional y el compromiso con los derechos fundamentales.

CUARTO. Reconocer la importancia de las políticas públicas de visibilización, sensibilización y reconocimiento institucional como herramientas fundamentales para combatir la estigmatización, el acoso y los discursos de odio.

QUINTO. Manifestar el respaldo expreso a todas aquellas iniciativas impulsadas desde el ámbito municipal orientadas a dar visibilidad y dignidad a los colectivos históricamente vulnerabilizados.

SEXTO. Reforzar las acciones de sensibilización y colaboración institucional con el Consejo Municipal LGTBIQA+ y con las entidades sociales del municipio que trabajan en defensa de la diversidad y los derechos humanos.

SÉPTIMO. Dar traslado de la presente moción al Consejo Municipal LGTBIQA+ de San Cristóbal de La Laguna, así como a los colectivos y entidades representativas del ámbito LGTBIQA+ del municipio, a fin de que puedan valorar su contenido y contribuir al fortalecimiento de las políticas públicas locales en materia de igualdad y diversidad.

INCIDENCIAS:

En ese punto interviene Meritxell Lorenzo Salazar en representación de la Asociación LGTBI*Diversas.

El concejal Juan Antonio Molina Cruz entrega a la Secretaria General de Pleno accidental un documento donde se recoge la transcripción íntegra de la entrevista que le fue realizada y que ha dado lugar a la presentación de esta moción, documento que se incorpora como anexo a la presente acta, tal y como fue solicitado verbalmente.

ACUERDO:

Tras las intervenciones que obran íntegramente en la grabación que contiene el diario de la sesión plenaria, el Ayuntamiento en Pleno, por veintitrés votos a favor, cuatro votos en contra y ninguna abstención ACUERDA aprobar la moción.

VOTACIÓN:

23 VOTOS A FAVOR:

10 del Grupo Municipal PSOE

8 del Grupo Municipal Coalición Canaria

4 del Grupo Mixto:

2 de Unidas se puede

2 de Drago Verdes Canarias

1 de la concejal no adscrita.

4 VOTOS EN CONTRA:

3 del Grupo Municipal Partido Popular

1 del Grupo Mixto:

1 de VOX

PUNTO 11.- MOCIÓN QUE PRESENTA DAILOS DANIEL GONZÁLEZ FERRERA, DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, PARA LA GARANTÍA EFECTIVA DEL DERECHO A LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO Y SU BLINDAJE COMO DERECHO FUNDAMENTAL.

El reconocimiento y garantía de los derechos de las mujeres constituye uno de los pilares fundamentales de nuestro Estado social y democrático de derecho. A lo largo de las últimas décadas, España ha avanzado de manera firme en la consolidación de un marco normativo que reconoce la autonomía de las mujeres sobre sus propios cuerpos y decisiones vitales, situando la libertad reproductiva como un elemento central de la igualdad real y efectiva.

Sin embargo, estos avances no han sido lineales ni irreversibles. La historia reciente demuestra que los derechos de las mujeres, lejos de estar definitivamente consolidados, pueden verse cuestionados, limitados o incluso revertidos en contextos de retroceso democrático o de auge de discursos reaccionarios. En este escenario internacional y europeo, donde asistimos a la erosión de derechos sexuales y reproductivos en distintos países, se hace imprescindible reforzar, blindar y garantizar de manera efectiva el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo como una cuestión de justicia, de salud pública y de democracia.

El derecho al aborto es un derecho fundamental vinculado a la dignidad, a la libertad y a la salud de las mujeres. Es, además, una condición necesaria para que las mujeres puedan desarrollar sus proyectos de vida en igualdad de condiciones. Negar o dificultar su ejercicio supone perpetuar desigualdades estructurales y limitar la ciudadanía plena de las mujeres.

En España, la legislación vigente ha supuesto un avance significativo en la garantía de este derecho, incorporando medidas que refuerzan su accesibilidad, su seguridad y su integración en el sistema público de salud. No obstante, persisten todavía desigualdades territoriales, barreras prácticas y resistencias que dificultan su ejercicio en condiciones de equidad. Estas desigualdades no son aceptables en un Estado que aspira a garantizar derechos en condiciones de igualdad para toda la ciudadanía, con independencia de su lugar de residencia.

Garantizar la prestación de este derecho en el ámbito constitucional supone garantizar su estabilidad para el futuro. Se trata de avanzar hacia un modelo en el que los derechos de las mujeres no dependan de coyunturas políticas, sino que estén firmemente asentados en el núcleo de nuestro sistema democrático.

Esta reforma se enmarca en una concepción más amplia de la igualdad como principio rector de las políticas públicas. No basta con reconocer formalmente los derechos: es necesario garantizar su ejercicio efectivo. Y para ello, es imprescindible actuar desde todos los niveles de la Administración, promoviendo políticas públicas que eliminen barreras y que aseguren la prestación de servicios y la salud sexual y reproductiva.

Cuando una mujer, con independencia de su ideología, toma la decisión de interrumpir su embarazo, lo hace desde su autonomía y su capacidad de decidir sobre sí misma, en el marco de circunstancias diversas que no necesitan ser justificadas, sino respetadas.

Asimismo, la prevención de los embarazos no deseados exige el desarrollo efectivo de políticas públicas basadas en la educación afectivo-sexual, la igualdad entre mujeres y hombres y el acceso a información veraz y a recursos adecuados. La educación afectivo-sexual constituye una herramienta esencial de salud pública y de autonomía personal, orientada a que las personas, especialmente las y los jóvenes, puedan tomar decisiones libres, responsables e informadas. En este sentido, resulta imprescindible el compromiso activo de los poderes públicos para garantizar su incorporación efectiva en el sistema educativo, como parte de las políticas de igualdad y de salud pública, así como a través de otros espacios y programas de formación no regladas fomentadas por entidades locales.

En este contexto, las instituciones públicas, y en particular las entidades locales y autonómicas, tienen un papel fundamental. Son la administración más cercana a la ciudadanía y, por tanto, tienen la responsabilidad de contribuir a la garantía efectiva de los derechos, de promover la igualdad y de combatir cualquier forma de discriminación.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en San Cristóbal de La Laguna propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:

Reafirmar el compromiso de esta institución con la defensa y la garantía del ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.

Expresar el respaldo de esta institución a seguir avanzando en las reformas necesarias para blindar el ámbito prestacional del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, incluyendo su reconocimiento en el marco constitucional, garantizando así su estabilidad y protección frente a posibles retrocesos.

Garantizar, en el ámbito de sus competencias, el acceso efectivo, equitativo y en condiciones de calidad a la interrupción voluntaria del embarazo dentro del sistema público de salud, evitando desigualdades territoriales y asegurando que todas las mujeres puedan ejercer este derecho en condiciones de igualdad.

Impedir la puesta en marcha de cualquier protocolo, medida o actuación que socave o pretenda influir en la libre elección de las mujeres sobre la interrupción o no de su embarazo mediante estrategias o coacciones de cualquier tipo.

Impulsar la formación especializada y continua del personal sanitario implicado en la atención a la interrupción voluntaria del embarazo.

Reforzar la implantación efectiva de la educación afectivo-sexual en el sistema educativo en todas las etapas, garantizando su carácter integral, basado en la evidencia científica, con enfoque de igualdad entre mujeres y hombres y orientado a la prevención de las violencias y de los embarazos no deseados.

Desarrollar programas de educación afectivo-sexual también en ámbitos no formales, con especial atención a la población joven y a colectivos en situación de mayor vulnerabilidad, asegurando el acceso a información veraz y a recursos adecuados.

Colaborar con el tejido asociativo, las organizaciones feministas y las entidades sociales que trabajan en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, reconociendo su papel fundamental en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

Rechazar cualquier forma de estigmatización, presión o vulneración de los derechos de las mujeres que deciden interrumpir voluntariamente su embarazo, así como cualquier intento de limitar o dificultar el acceso a este derecho.

Promover campañas de sensibilización que contribuyan a una sociedad más informada, respetuosa y comprometida con la igualdad, situando los derechos de las mujeres en el centro del debate público.

Con esta moción reafirmamos que La igualdad es una responsabilidad política que debe traducirse en derechos efectivos. Defender una maternidad libremente decidida es defender la libertad y la igualdad de las mujeres. Es afirmar que ninguna mujer debe ver condicionado su proyecto de vida por imposiciones, por desigualdades o por la falta de garantías. Es asumir que los derechos sexuales y reproductivos forman parte del núcleo de los derechos de ciudadanía y que deben ser efectivos para todas, vivan donde vivan.

ACUERDO:

Tras las intervenciones que obran íntegramente en la grabación que contiene el diario de la sesión plenaria, el Ayuntamiento en Pleno, por veintidós votos a favor, un voto en contra y cuatro abstenciones ACUERDA aprobar la moción.

VOTACIÓN:

22 VOTOS A FAVOR:

10 del Grupo Municipal PSOE

8 del Grupo Municipal Coalición Canaria

4 del Grupo Mixto:

2 de Unidas se puede

2 de Drago Verdes Canarias

1 VOTO EN CONTRA:

1 del Grupo Mixto:

1 de VOX

4 ABSTENCIONES:

3 del Grupo Municipal Partido Popular

1 de la concejal no adscrita

PUNTO 12.- MOCIÓN QUE PRESENTA ALBERTO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, DEL GRUPO MIXTO – DRAGO VERDES CANARIAS, PARA IMPULSAR UN PROGRAMA MUNICIPAL DE RELEVO COOPERATIVO, CONTINUIDAD Y MODERNIZACIÓN DEL COMERCIO LOCAL Y LA ECONOMÍA DE PROXIMIDAD.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

San Cristóbal de La Laguna atraviesa un proceso de transformación urbana, social y económica que afecta de forma directa a la vida cotidiana del municipio. La presión del mercado inmobiliario con sus lógicas especuladoras, el encarecimiento de los alquileres sin control por la inacción de los poderes públicos, la sustitución progresiva de actividades de proximidad por formatos estandarizados de franquicias, la competencia del comercio electrónico, las nuevas formas de consumo generadas por el sistema neoliberal y la falta de relevo generacional están debilitando el tejido comercial local, especialmente en el casco histórico bajo protección patrimonial y en otras centralidades urbanas y rurales.

En los últimos años, la ciudadanía de Aguere ha manifestado a través de diversos medios de comunicación, redes sociales y espacios organizativos del colectivo comercial la preocupación existente por la proliferación de franquicias y grandes cadenas en La Laguna. Esta realidad de sustitución del comercio local y tradicional por otros formatos más lesivos no supone únicamente un cambio de rótulos o de escaparates: implica una transformación del modelo de ciudad, una pérdida de diversidad comercial y una creciente dificultad para que pequeños proyectos locales puedan mantenerse o acceder a locales en condiciones sostenibles. Existen diversos testimonios del sector que advierten de subidas de alquileres cuando cadenas con mayor capacidad económica se instalan en el entorno, dificultando la continuidad de negocios tradicionales y de proximidad, una preocupación que ya ha sido reconocida por el propio gobierno municipal. Asimismo, desde Drago Verdes Canarias hemos presentado varias propuestas a este consistorio local afrontando la complejidad del debate y las herramientas institucionales necesarias para promover un comercio más justo para el consumo local, la generación de vínculos comunitarios y la defensa de los derechos de la clase trabajadora canaria En diciembre de 2024, desde nuestra organización política presentamos una moción, que fue aprobada, para estudiar medidas orientadas a controlar la proliferación de franquicias, especialmente en el casco histórico, pero en 2025 el problema no ha hecho sino avanzar.

A esta presión se suma la situación general del comercio de proximidad. En los últimos meses vemos sucederse noticias de cierres de pequeños comercios en La Laguna vinculados a la subida de costes y a la competencia online, apuntando a un modelo que desplaza progresivamente al comercio tradicional. En nuestro país, el Informe Sectorial del Comercio de Canarias del cuarto trimestre de 2025, elaborado por la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, señaló que 2025 terminó con un aumento medio anual de ventas del 3,9%, pero también con pérdida de tejido empresarial, una combinación que evidencia que vender más no siempre significa que sobrevivan más empresas locales.

El objetivo de esta propuesta es aportar a las herramientas que se pueden utilizar desde las instituciones públicas para preservar actividad económica útil para la construcción social de un país mucho más justo y próspero para la ciudadanía canaria, que se encuentra sumida en lógicas de cronificación de la pobreza consolidándose como un fenómeno estructural que no se reduce de forma significativa, pese a las mejoras puntuales en algunos indicadores. Los datos del Avance de Resultados del XVI Informe “El Estado de la Pobreza” (2026), elaborado a partir de la última Encuesta de Condiciones de Vida, corroboran esta dura realidad, la tasa AROPE en Canarias permanece estable en el 31,2 %, el mismo nivel que el año anterior.

Desde Drago Verdes Canarias creemos que son posibles los programas articulados desde las instituciones municipales para dinamizar el tejido comercial aportando positivamente a los barrios y pueblos de Aguere, al empleo local, a los saberes productivos y tradicionales, a los servicios cotidianos, a la diversidad comercial y a los vínculos comunitarios tan necesarios para nuestro sostenimiento como pueblo, facilitando en el tejido comercial local que los procesos de cierre, jubilación o falta de relevo puedan convertirse en oportunidades para nuevas fórmulas de economía social, cooperativa, laboral, asociativa o de inserción.

El enfoque no se basa solo en el sostenimiento de negocios por su antigüedad o su legado familiar, sino en ser mucho más ambiciosas en promover que negocios con actividades viables, con empleo, clientela, conocimiento acumulado y función social no desaparezcan sin alternativa, facilitando además desde las instituciones públicas que esas actividades pasen a nuevas manos bajo modelos más democráticos, colectivos, sostenibles y vinculados al territorio.

La economía social ofrece un marco especialmente adecuado para este objetivo. La Ley 5/2011 de Economía Social define este ámbito como el conjunto de actividades económicas y empresariales que persiguen el interés colectivo de sus integrantes, el interés general económico o social, o ambos; y entre sus principios incluye la primacía de las personas y del fin social sobre el capital, la gestión democrática y participativa, la solidaridad interna y con la sociedad, el desarrollo local, la generación de empleo estable y de calidad, la igualdad, la cohesión social y la sostenibilidad. Entre sus entidades se encuentran cooperativas, sociedades laborales, empresas de inserción, centros especiales de empleo de iniciativa social, asociaciones y fundaciones que desarrollan actividad económica, entre otras.

Los esfuerzos del gobierno municipal en sostenimiento del comercio deben situarse en el relevo cooperativo, el autoempleo colectivo, la inserción sociolaboral, la creación y mantenimiento de empleo estable, la modernización de actividades de proximidad, la accesibilidad, la digitalización, la eficiencia energética y el retorno social de los proyectos como ejes de una economía mucho más democrática y necesaria para lograr el bienestar de la mayoría social lagunera, en detrimento de las lógicas capitalistas y de libre mercado sin regulación que conducen a la situación actual.

La Laguna cuenta además con antecedentes propios en esta materia. El Ayuntamiento presentó un “Plan para la Generación de un ecosistema de iniciativas de Economía Social y Solidaria en La Laguna”, Redess, con publicación en 2020, el cual no ha presentado novedades recientes, el cual se creó para crear empleo y fortalecer el municipio frente a futuras crisis, desarrollado con participación de la Universidad de La Laguna, la Federación de Cooperativas y entidades de economía social y solidaria.

El propio portal municipal describe la economía social y solidaria como una oportunidad formada por iniciativas socioempresariales y socio comunitarias que ponen la economía al servicio de las personas, más allá de la mera rentabilidad económica. La acción propuesta en la presente moción, desarrolla los objetivos de la sección 6 del Plan Redess: Impulso de las Economías Transformadoras, y Promoción del autoempleo colectivo y el desarrollo cooperativo.

También existen experiencias municipales vinculadas a la inclusión sociolaboral, como el Centro Especial de Empleo Muvisa Servicios, que el Ayuntamiento ha presentado como una herramienta orientada a reducir la brecha digital, promover la formación continua y favorecer la inclusión de personas con discapacidad. Estas experiencias demuestran que el municipio ya dispone de antecedentes sobre los que construir una política más ambiciosa de economía social, empleo inclusivo y desarrollo local.

Desde el Cabildo de Tenerife, a través del Plan Estratégico de la Economía Social y Solidaria de Tenerife, se desarrollan acciones paralelas a las planteadas en esta moción, más concretamente mediante los objetivos estratégicos 2 (Fomentar el desarrollo de las empresas de la ESS) y 4 (Fomentar el compromiso de la empresa con el desarrollo de la comunidad local). En específico, se desarrolla en el objetivo 2.2 (Mejorar la competitividad de las empresas existentes) la siguiente acción: "Apoyar la continuidad de las empresas que no son de economía social cuando los propietarios se jubilan y los trabajadores quieren continuar la actividad adoptando formas jurídicas de la economía social" (Cabildo de Tenerife, 2023, p. 31).

A escala nacional, la Comisión de Economía Social aprobó en octubre de 2025 la primera Estrategia Canaria de Economía Social 2026-2029, concebida para consolidar este sector como motor de desarrollo inclusivo y sostenible en Canarias, con ejes vinculados a competitividad, emprendimiento, formación, digitalización, sostenibilidad e inclusión. Asimismo, la Ley de Sociedades Cooperativas de Canarias declara de interés social la promoción, estímulo y desarrollo del cooperativismo en el Archipiélago.

Desde el punto de vista competencial, el Ayuntamiento dispone de margen para actuar en promoción económica local, desarrollo comunitario, urbanismo, patrimonio, dinamización comercial, intermediación, contratación pública responsable y apoyo a iniciativas de economía social, siempre dentro de la legalidad vigente. La legislación básica de régimen local reconoce competencias municipales en materias como urbanismo, patrimonio histórico, vivienda protegida, conservación y rehabilitación de la edificación, en los términos establecidos por la normativa estatal y autonómica.

La falta de herramientas institucionales para que desde las instituciones públicas se puedan controlar los precios de los alquileres de los locales comerciales, fruto de la complicidad tácita entre los poderes económicos y políticos que han gobernado en el Estado español y en Canarias, generan un marco actual de limitación de acciones en esta línea intervencionista por parte de las entidades municipales. Los arrendamientos para uso distinto del de vivienda se rigen, con carácter general, por la Ley de Arrendamientos Urbanos y por la voluntad de las partes. Precisamente por ello, ante las alternativas actuales la respuesta municipal debe centrarse en herramientas viables: diagnóstico, mediación, acompañamiento, ayudas con criterios objetivos, impulso cooperativo, modernización, uso de recursos municipales disponibles, planificación urbana. Contando con la colaboración y cooperación de las entidades supramunicipales como la FECAM, el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias.

La presente moción propone avanzar desde la denuncia de la homogeneización comercial hacia una política pública concreta: un programa municipal que conecte actividades económicas sin relevo con nuevas iniciativas de economía social, que facilite transmisiones viables, que acompañe jurídicamente a las partes, que priorice el retorno social, que impulse la modernización y que evite cualquier uso clientelar mediante baremos públicos, criterios verificables y control técnico.

No se trata, por tanto, de mirar al pasado, sino de disputar el futuro económico de La Laguna. Frente a un modelo de sustitución comercial guiado exclusivamente por la capacidad de pagar rentas más altas o por la expansión de cadenas estandarizadas, el municipio puede promover una economía de proximidad más democrática, arraigada, inclusiva y útil para la mayoría social. Por lo tanto proponemos a la corporación municipal del Pleno del Ayuntamiento de La Laguna los siguientes;

ACUERDOS

Crear un Programa Municipal de Relevo Cooperativo, Continuidad y Modernización del Comercio Local y la Economía de Proximidad, orientado a evitar el cierre de actividades económicas viables por falta de relevo, jubilación, incremento de costes o presión inmobiliaria, favoreciendo su transmisión hacia nuevas iniciativas locales y, de forma preferente, hacia fórmulas de economía social.

Vincular la creación del programa con la modificación de las ordenanzas fiscales reguladoras de: i) Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO), en su artículo 4 referente a exenciones, bonificaciones y reducciones; y ii) Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en su artículo 9 referente a bonificaciones, para que resulten beneficiarias de una bonificación del 95% las entidades cuya forma jurídica sea de economía social acorde a la Ley 5/2011.

Elaborar un diagnóstico técnico del tejido comercial y económico de proximidad del municipio, con especial atención al casco histórico, La Cuesta, Taco, Tejina, Valle de Guerra, Bajamar, Punta del Hidalgo y demás centralidades urbanas y rurales. Este diagnóstico deberá identificar actividades en riesgo de desaparición, zonas sometidas a mayor presión comercial o inmobiliaria, evolución de cierres y aperturas, presencia de franquicias y posibilidades reales de relevo económico y social.

Crear una Bolsa Municipal de Relevo Cooperativo y Economía de Proximidad, de carácter voluntario, que conecte a titulares de negocios o actividades sin continuidad con personas, colectivos, cooperativas, sociedades laborales, asociaciones, empresas de inserción, centros especiales de empleo de iniciativa social y otros proyectos interesados en asumir, adaptar o continuar dichas actividades.

Poner en marcha una línea de mediación y acompañamiento al relevo, directamente desde los servicios municipales competentes o mediante convenios con entidades especializadas, que incluya asesoramiento jurídico, fiscal, laboral, administrativo, empresarial y cooperativo para titulares salientes y proyectos entrantes, con especial atención al autoempleo colectivo, la economía social, el emprendimiento juvenil, la inserción sociolaboral y la continuidad de actividades útiles para los barrios y pueblos.

Estudiar la creación de una línea municipal de ayudas o incentivos al relevo y la modernización, sujeta a disponibilidad presupuestaria y a las correspondientes bases reguladoras, que priorice proyectos con retorno social acreditable. Las ayudas deberán orientarse a facilitar traspasos, adaptación de locales, accesibilidad universal, digitalización, eficiencia energética, reducción de residuos, mejora de condiciones laborales, mantenimiento o creación de empleo estable y transformación hacia fórmulas de economía social.

Garantizar que cualquier ayuda, incentivo o prioridad derivada del programa se rija por criterios públicos, objetivos y verificables, evitando valoraciones discrecionales o clientelares. El baremo deberá ponderar, entre otros elementos, la antigüedad acreditada de la actividad, la continuidad en el tiempo, el riesgo documentado de cierre, el empleo generado o mantenido, la utilidad social del servicio, la adopción de fórmulas de economía social, el plan de modernización, la accesibilidad, la sostenibilidad y el retorno comunitario del proyecto.

Dar traslado de esta moción al Cabildo de Tenerife, al Gobierno de Canarias, a la Federación Canaria de Municipios y a las entidades representativas de la economía social, como así sea también a las entidades inscritas en el Registro Municipal de las Entidades Ciudadanas -las cuales pueden ser promotoras de iniciativas socio-empresariales-, solicitando colaboración técnica y financiera para conectar este programa con la Estrategia Canaria de Economía Social 2026-2029, las políticas de cooperativismo, empleo, comercio interior, formación e inserción sociolaboral.

Asimismo, presentar ante el Pleno, en el plazo máximo de seis meses, un informe de avance con diagnóstico preliminar, calendario de implementación, recursos necesarios y mecanismos de participación social.

ENMIENDA:

Enmienda de sustitución del Grupo de Gobierno:

1. Crear un Programa Municipal de Relevo Cooperativo, Continuidad y Modernización del Comercio Local y la Economía de Proximidad, orientado a evitar el cierre de actividades económicas viables por falta de relevo, jubilación, incremento de costes o presión inmobiliaria, favoreciendo su transmisión hacia nuevas iniciativas locales y, de forma preferente, hacia fórmulas de economía social.

2. Valorar el impacto económico y viabilidad legal para el ayuntamiento de poder comprometer nuevas bonificaciones. En la actualidad ya se encuentran recogidas bonificaciones a cooperativas reconocidas como fiscalmente protegidas del 95% del IAE (Impuesto de Actividades Económicas) y un 95% del IBI rústico.

3. Continuar con la elaboración de diagnóstico técnico del tejido comercial y económico de proximidad del municipio, con especial atención al casco histórico, Valle de Guerra, Bajamar, Punta del Hidalgo y demás centralidades urbanas y rurales, habiéndose realizado en el pasado año en Tejina y encontrándose en su desarrollo en La Cuesta y Taco. Este diagnóstico deberá identificar actividades en riesgo de desaparición, zonas sometidas a mayor presión comercial o inmobiliaria, evolución de cierres y aperturas, presencia de franquicias y posibilidades reales de relevo económico y social.

4. Estudiar la creación de una Bolsa Municipal de Relevo Cooperativo y Economía de Proximidad, de carácter voluntario, que conecte a titulares de negocios o actividades sin continuidad con personas, colectivos, cooperativas, sociedades laborales, asociaciones, empresas de inserción, centros especiales de empleo de iniciativa social y otros proyectos interesados en asumir, adaptar o continuar dichas actividades.

5. Instar al SCE a aprobar contratos programas con el Ayuntamiento de La Laguna que ayude a potenciar las acciones del programa PRODAE y su duración en el tiempo, que es el que comprende las actividades destinadas a fomentar la generación de actividad empresarial y dinamización e impulso del desarrollo económico local y que pudiera dar acompañamiento al relevo, la economía social, el emprendimiento juvenil, la inserción sociolaboral y la continuidad de actividades útiles para los barrios y pueblos.

6. Estudiar la creación de una línea municipal de ayudas o incentivos al relevo y la modernización, sujeta a disponibilidad presupuestaria y a las correspondientes bases reguladoras, que priorice proyectos con retorno social acreditable. Las ayudas deberán orientarse a facilitar traspasos, adaptación de locales, accesibilidad universal, digitalización, eficiencia energética, reducción de residuos, mejora de condiciones laborales, mantenimiento o creación de empleo estable y transformación hacia fórmulas de economía social. Para el presente ejercicio ya se ha incorporado una dotación inicial de 300.000 euros, encontrándose actualmente los servicios técnicos municipales valorando la fórmula jurídica y el instrumento de gestión más adecuados para su puesta en marcha.

7. Garantizar que cualquier ayuda, incentivo o prioridad derivada del programa se rija por criterios públicos, objetivos y verificables, evitando valoraciones discrecionales o clientelares. El baremo deberá ponderar, entre otros elementos, la antigüedad acreditada de la actividad, la continuidad en el tiempo, el riesgo documentado de cierre, el empleo generado o mantenido, la utilidad social del servicio, la adopción de fórmulas de economía social, el plan de modernización, la accesibilidad, la sostenibilidad y el retorno comunitario del proyecto.

8. Dar traslado de esta moción al Cabildo de Tenerife, al Gobierno de Canarias, a la Federación Canaria de Municipios y a las entidades representativas de la economía social, como así sea también a las entidades inscritas en el Registro Municipal de las Entidades Ciudadanas -las cuales pueden ser promotoras de iniciativas socio-empresariales-, solicitando colaboración técnica y financiera para conectar este programa con la Estrategia Canaria de Economía Social 2026-2029, las políticas de cooperativismo, empleo, comercio interior, formación e inserción sociolaboral.

9. Asimismo, presentar ante el Pleno, en el plazo máximo de seis meses, un informe de avance con diagnóstico preliminar, calendario de implementación, recursos necesarios y mecanismos de participación social.

ACUERDO:

Tras las intervenciones que obran íntegramente en la grabación que contiene el diario de la sesión plenaria, el Ayuntamiento en Pleno, por unanimidad de los veintiséis miembros presentes ACUERDA aprobar la enmienda.

PUNTO 13.- MOCIÓN QUE PRESENTA CARMEN PEÑA CURBELO, DEL GRUPO MIXTO – DRAGO VERDES CANARIAS, PARA LA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PLAN INTEGRAL DE LOCALIZACIÓN, RETIRADA Y GESTIÓN DEL AMIANTO EN SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El amianto, también conocido como asbesto, constituye uno de los mayores problemas de salud pública y contaminación ambiental heredados del modelo de desarrollo urbano e industrial del siglo XX. Durante décadas fue utilizado de forma masiva en materiales de construcción, conducciones hidráulicas, depósitos de agua, cubiertas, naves agrícolas e infraestructuras públicas debido a sus propiedades aislantes, resistencia térmica y bajo coste económico.

En Canarias, el fibrocemento con amianto —popularmente conocido como “uralita”— tuvo una implantación especialmente extensa, tanto en áreas urbanas como rurales, fruto de la realidad socioeconómica de nuestro país y el peculiar desarrollo urbanístico falto de planificación y muy marcado por la autoconstrucción de viviendas e infraestructuras agrícolas y ganaderas. Todavía hoy resulta habitual encontrar cubiertas, depósitos, bajantes, cerramientos y conducciones elaboradas con este material en numerosos municipios del archipiélago, incluyendo San Cristóbal de La Laguna.

La gravedad del problema reside en que el deterioro, manipulación o fractura de estos materiales libera fibras microscópicas altamente cancerígenas que pueden permanecer suspendidas en el aire durante largos periodos de tiempo y ser inhaladas por la población. Científicamente está demostrado que la exposición al amianto está directamente relacionada con enfermedades extremadamente graves como la asbestosis, el cáncer de pulmón y el mesotelioma pleural o peritoneal, además de otras patologías respiratorias y diferentes tipos de cáncer, convirtiendo esta situación de presencia del amianto en un grave problema de salud pública.

La Organización Mundial de la Salud reconoce el amianto como uno de los carcinógenos ambientales y laborales más peligrosos conocidos. Se estima que en el Estado español han fallecido ya decenas de miles de personas por enfermedades derivadas de la exposición al amianto y las previsiones médicas apuntan a que los efectos sanitarios continuarán manifestándose durante las próximas décadas debido al largo periodo de latencia de estas patologías.

Pese a que la producción, comercialización y utilización del amianto quedó prohibida en España mediante la Orden de 7 de diciembre de 2001, este material continúa ampliamente presente en edificios, infraestructuras y espacios públicos construidos antes de dicha fecha.

La situación en Canarias presenta además características específicas ligadas a la idiosincrasia del territorio insular que agravan la problemática, entre ellas; la fragmentación territorial del archipiélago, la ausencia de instalaciones definitivas para el tratamiento de residuos con amianto, el elevado coste económico de las retiradas reglamentarias, y la insuficiente planificación pública para abordar una retirada progresiva y segura.

Actualmente, gran parte de los residuos con amianto deben trasladarse fuera de Canarias para su tratamiento autorizado, incrementando notablemente los costes y dificultando la correcta gestión de este residuo peligroso. Esta situación favorece además prácticas irregulares y vertidos ilegales en barrancos, caminos y espacios naturales, generando un grave riesgo ambiental y sanitario.

La situación se ha agravado especialmente durante los últimos meses ante la decisión de varias comunidades autónomas receptoras de residuos peligrosos, principalmente Andalucía, de limitar o impedir la entrada de residuos con amianto procedentes de otros territorios. Esta circunstancia amenaza con bloquear de manera inminente la retirada legal de amianto en Canarias, al no existir actualmente infraestructuras suficientes en el archipiélago para su tratamiento definitivo.

Diferentes organizaciones sociales, profesionales y empresariales han alertado ya del riesgo de paralización de obras públicas y privadas, del incremento de los vertidos ilegales y de las consecuencias sanitarias y ambientales que podría generar la ausencia de una solución estructural para la gestión de estos residuos peligrosos en Canarias.

En este contexto, Drago Canarias ha advertido públicamente de que la falta de planificación institucional y de alternativas legales para la retirada del amianto podría derivar en una situación de emergencia ambiental y de salud pública en el archipiélago, especialmente en aquellos municipios donde el fibrocemento continúa ampliamente implantado en viviendas, infraestructuras hidráulicas, instalaciones agrícolas y edificaciones antiguas. El plazo en que las infraestructuras de Andalucía dejarían de recibir residuos se cumplió el pasado 30 de abril, sin que se conociera por parte del actual Gobierno de Canarias, de Coalición Canaria y el Partido Popular, ninguna alternativa planificada con antelación para que esta situación sobrevenida no afecte de manera negativa a la gestión del amianto en el archipiélago.

San Cristóbal de La Laguna no es ajeno a esta realidad. La existencia de un amplio parque inmobiliario construido durante las décadas de expansión urbana en los últimos sesenta años, junto a la presencia de instalaciones agrícolas, industriales y edificaciones periféricas donde el fibrocemento fue ampliamente utilizado, hace prever una importante presencia de materiales con amianto en el municipio.

A ello se suma el abandono histórico que han sufrido muchos barrios y núcleos poblacionales de La Laguna, donde todavía persisten cubiertas y depósitos deteriorados en viviendas, cuartos de aperos, instalaciones agrícolas y construcciones auxiliares. Esta situación afecta especialmente a las familias con menos recursos, que en muchas ocasiones no pueden asumir los elevados costes de retirada legal de estos materiales peligrosos.

El problema del amianto no puede abordarse únicamente como una cuestión técnica o administrativa. Se trata también de una cuestión de justicia ambiental y de salud pública, ya que los efectos de la contaminación y de la degradación ambiental suelen recaer con mayor intensidad sobre los sectores populares y los barrios históricamente más abandonados por las políticas públicas.

La Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, establece expresamente la obligación de los ayuntamientos de elaborar censos de instalaciones y emplazamientos con amianto, así como calendarios de planificación para su retirada, otorgando prioridad a aquellos espacios con mayor peligrosidad y exposición para la población.

El Ayuntamiento de La Laguna, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, inició en febrero de 2024 los trabajos de inventariado de las instalaciones y emplazamientos públicos y privados del municipio que cuentan con amianto, con el objetivo de elaborar un censo oficial de la presencia de este material. Creemos necesario dos años después de este anuncio que se actualice la información a la ciudadanía sobre este proceso y se agilice por el bien del conjunto del municipio.

Las administraciones públicas tienen la responsabilidad de actuar con urgencia, coordinación y transparencia para proteger la salud de la población, garantizar la seguridad ambiental y avanzar hacia la eliminación progresiva de este material peligroso del territorio canario.

Por todo ello, el Pleno del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna adopta los siguientes:

ACUERDOS

Culminar con carácter prioritario el censo municipal de instalaciones y emplazamientos con amianto existentes en San Cristóbal de La Laguna, garantizando su carácter público, accesible y permanentemente actualizado.

Instar al Gobierno de Canarias a aprobar de manera urgente un plan de contingencia ante el posible bloqueo de la gestión y traslado de residuos con amianto fuera del archipiélago, garantizando alternativas legales, seguras y ambientalmente sostenibles para su tratamiento.

Elaborar un Plan Municipal Integral de Retirada Progresiva del Amianto que contemple cronograma de actuaciones, evaluación de riesgos, planificación presupuestaria, campañas informativas, mecanismos de seguimiento y criterios de prioridad en función del riesgo sanitario y ambiental.

Priorizar la retirada del amianto presente en centros educativos, instalaciones deportivas, edificios públicos, espacios culturales, infraestructuras municipales, viviendas en estado de deterioro y zonas próximas a núcleos residenciales o de elevada concurrencia.

Instar al Gobierno de Canarias a elaborar y ejecutar un Plan Canario de Erradicación del Amianto dotado de financiación suficiente y coordinado con cabildos y ayuntamientos.

Solicitar al Cabildo de Tenerife y al Gobierno de Canarias la creación de líneas de ayudas económicas destinadas a familias, comunidades vecinales, explotaciones agrícolas y pequeñas empresas para facilitar la retirada segura y legal del amianto.

Impulsar campañas municipales de sensibilización e información pública sobre los riesgos del amianto, los procedimientos autorizados para su retirada y las obligaciones existentes en materia de residuos peligrosos.

Dar traslado de la presente moción al Gobierno de Canarias, al Cabildo Insular de Tenerife, a la FECAM, a la Consejería de Sanidad y a la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias para su conocimiento y efectos oportunos.

ACUERDO:

A la vista de lo propuesto por la concejal Carmen Peña Curbelo, el Ayuntamiento en Pleno, por unanimidad de los veinticinco miembros presentes, ACUERDA:

Único: Dejar el expediente sobre la mesa hasta la próxima sesión que se celebre.

PUNTO 14.- MOCIÓN QUE PRESENTA ALBERTO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, DEL GRUPO MIXTO – DRAGO VERDES CANARIAS, PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Tras el debate en anteriores sesiones plenarias en torno a la participación de nuestro municipio en diferentes concursos y certámenes vinculados a la accesibilidad y la situación de la misma, quisimos desde Drago Verdes Canarias con esta iniciativa aportar de manera constructiva y propositiva a la mejora concreta de la accesibilidad en nuestra ciudad, en barrios y pueblos.

La idea es sencilla y el objetivo alcanzable, se trata de aterrizar un debate- que en sesiones plenarias puede parecer una discusión teórica, un rifirrafe político- y hacerlo útil en lo concreto, para ver el estado actual y donde hay posibilidades de mejorar.

En este caso nos centramos en la accesibilidad arquitectónica y abrimos un diálogo con diferentes perfiles del rico y diverso tejido asociativo y comunitario de nuestro municipio para que nos hicieran llegar ejemplos de barreras físicas que se encuentran en su día a día y que fueran a priori fácilmente subsanables.

Los diferentes ejemplos tienen que ver principalmente con las distintas tipologías de personas con movilidad reducida, sobre todo población mayor, personas con diversidad motriz y familias con carritos de bebés. Estas barreras que pueden parecer algo “sin importancia” para determinados sectores de la sociedad, se convierten en un dolor de cabeza cotidiano para las personas que tienen que sufrirlos.

Los ejemplos que expondremos a continuación no son un inventario exhaustivo de todas las barreras físicas del municipio ni pretende serlo, es simplemente una complicación de los lugares del municipio que afectan a la movilidad, y por tanto a la vida diaria, de vecinos y vecinas que verían mejorada su situación ostensiblemente en muchos casos con una pequeña obra.

Somos conscientes de que San Cristóbal de La Laguna es un municipio con una compleja evolución urbanística y una amplia diversidad de tipos de núcleos poblacionales al igual que también somos conocedores de las obras proyectadas o en ejecución. Pero a su vez queremos poner en valor esta reivindicación legítima -y legal- y poner sobra la mesa las diferencias palpables de accesibilidad según el barrio en el que vivas, diferencias que desgraciadamente también se expresan en otros ámbitos (movilidad, renta, posibilidad de acceso a vivienda, servicios públicos, etc.) como hemos venido denunciando a lo largo de la legislatura.

Listado de barreras arquitectónicas en diferentes puntos del municipio comunicadas por vecinas y vecinos tras consulta:

La Verdellada. Aceras sin rebajes en pasos de peatones. Cercanía del CEIP La Verdellada.

Calle La Calzada, Calle Mogán, Calle La Floresta.

Barrio Nuevo. Farolas y señales en aceras estrechas que impiden el paso.

Calle Los Guanches, Calle Obispo Pérez Cáceres, Calle Molinos de Agua

Barrio Nuevo. Acera sin rebajes en paso de peatones.

Calle Juan Pérez Delgado.

El Cardonal. Obstáculos en aceras estrechas, aceras sin rebajes, aceras con escalones y pasos de peatones bloqueados

Calle Nivaria, Calle Aguere, Calle Rosa de Caleya, Calle Las Españas, Calle Vallehermoso, Calle Virgen de Los Dolores, Calle San Amadeo, Calle San Domingo Custodio

La Cuesta. Aceras interrumpidas y sin rebajes. Firme en malas condiciones. Obstáculos en las aceras.

Calle Ipalán, Calle Álvaro Martín Díaz, Calle Alfonso García Ramos, Carretera entrada Valle Tabares.

Geneto. Aceras interrumpidas, sin rebajes y firme en malas condiciones.

Calle Bocatuerta, Inmediaciones Colegio Echeyde.

Las Gavias. Aceras sin rebajes en paso de peatones, incluso los contiguos a una plaza para personas con movilidad reducida.

Camino Las Gavias.

Camino Tornero. Aceras sin rebajes en paso de peatones.

Calle Nava Toscana, Calle Los Gemelos.

Por todo lo expuesto anteriormente, y dado que las soluciones a priori son viables técnicamente y económicamente de bajo coste, se proponen los siguientes acuerdos:

ACUERDOS

Primero. Implementar las mejoras necesarias en los espacios y calles arriba indicados y en las zonas aledañas para garantizar el cumplimiento de la ley y la mejora de accesibilidad a vecinas y vecinos en el menor plazo posible.

Segundo. Crear un vía sencilla, intuitiva y accesible de comunicación para la ciudadanía que permita la denuncia de barreras, que facilite el trabajo de las áreas competentes en la solución rápida y efectiva de los problemas de accesibilidad en los diferentes pueblos y barrios del municipio.

Tercero. Continuar con los trabajos desarrollados en el Consejo Municipal de Discapacidad y dotar de los recursos necesarios al mismo para que los objetivos propuestos de accesibilidad universal puedan hacerse efectivos.

ENMIENDA:

Enmienda de sustitución del Grupo de Gobierno:

Continuar con el plan de accesibilidad en todos los distritos de municipio para implementar las mejoras y acondicionamientos necesarios en todos los espacios y calles públicas garantizando el cumplimiento de la ley y la mejora de accesibilidad, de una forma progresiva, en menor tiempo posible.

Continuar dando prioridad a las actuaciones de mejora sobre aquellos itinerarios de uso diario, solicitados por personas con algún tipo de discapacidad o movilidad reducida para facilitar en la medida de los posible, su desplazamiento.

Continuar coordinando con defensora de la Discapacidad las propuestas de acondicionamiento y mejora recibidas del Consejo de la Discapacidad, y dar respuesta a todas aquellas necesidades que estén dentro de nuestras competencias.

Proponer y consultar con el Consejo de la discapacidad y los ciudadanos otras vías posibles a las existentes que entiendan ellos más sencillas, intuitivas y accesibles de comunicación entre ciudadanía y ayuntamiento, que les permita proponer sugerencias, reclamaciones o informar sobre barreras, desperfectos, o malos usos, y con ello poder reducir el tiempo de respuestas.

ACUERDO:

Tras las intervenciones que obran íntegramente en la grabación que contiene el diario de la sesión plenaria, el Ayuntamiento en Pleno, por unanimidad de los veintiséis miembros presentes ACUERDA aprobar la enmienda.

PUNTO 15.- MOCIÓN QUE PRESENTA CARMEN PEÑA CURBELO, DEL GRUPO MIXTO – DRAGO VERDES CANARIAS, PARA PROTEGER EL ESPACIO NATURAL DEL CAMINO DE LA COSTA DE LA PUNTA DEL HIDALGO DE LA PÉRDIDA DE SUS VALORES NATURALES Y DE LA TURISTIFICACIÓN Y MASIFICACIÓN.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Camino de La Costa, en La Punta del Hidalgo, cuyo nombre guanche es Addar, es uno de los espacios más representativos del litoral lagunero y en su tramo a partir del camping, uno de los espacios naturales mejor conservados del municipio y, sin duda, la zona de baño más amplia y menos intervenida por la acción del ser humano.

Aunque el núcleo urbano de La Punta del Hidalgo queda fuera de los límites estrictos del Parque Rural de Anaga, su entorno costero está plenamente integrado en la Reserva de la Biosfera del Macizo de Anaga, tal y como explica el decreto 91/1996, de 16 de mayo, del Gobierno de Canarias por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Rural de Anaga.

Entre las figuras de protección del Macizo de Anaga, destaca que gran parte de su superficie se integra en la Red Natura 2000 mediante Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), destinadas a garantizar la conservación de hábitats y especies de interés comunitario, tanto en el medio terrestre como marino. El área de Anaga cuenta además con una ZEPA marina en sus roques y otra ZEC para hábitats específicos, importante para centrar el contexto del paraje que nos ocupa en esta propuesta. Esta red de protecciones garantiza que el ecosistema litoral de La Punta del Hidalgo esté bajo una vigilancia especial, y que cualquier actuación en la zona deba tener en cuenta su altísimo valor ambiental.

Fig. 1. Mapa de zonación de la Reserva de la Biosfera de Anaga, web del Ministerio de Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

A lo largo de los casi dos kilómetros que posee el Camino de La Costa nos encontramos un entorno de rica biodiversidad terrestre y marina, avifauna y sebadales, con numerosos charcos naturales, así como pequeñas playas de callaos o arena que la ciudadanía tinerfeña y lagunera ha convertido en una de sus zonas preferidas para disfrutar del entorno costero.

Este enclave de nuestro municipio es especialmente importante porque en él confluyen el ocio y nuestra historia y tradiciones. Los usos del espacio han variado a lo largo de los siglos. Para nuestros antepasados indígenas, el Camino de la Costa fue un lugar de conexión con lo sagrado. Muestra de ello son los numerosos vestigios arqueológicos que se encuentran dispersos a lo largo del camino.

Justo al final del camino, frente al Roque de Aramuygo —hoy de los Dos Hermanos— y cerca de la ermita de San Juanito, se encuentra la principal estación de cazoletas de esta zona: la estación de cazoletas de mar de Punta del Güigo II.

Y a escasos metros de la estación de cazoletas se encuentra el Charco de las Ovejas, que guarda relación con los baños rituales practicados por los guanches con su ganado, lo que sin duda aporta un enorme valor patrimonial a la zona.

Cabe recordar que el Pleno del Ayuntamiento de La Laguna aprobó en su sesión ordinaria del pasado mes de enero de 2026 la protección de estos y otros elementos arqueológicos indígenas ubicados en el Camino de La Costa, a través del compromiso de incluirlos en el catálogo municipal de protección.

En paralelo, el Camino de La Costa limita en su parte final con el Parque Rural de Anaga, por lo que esta zona se convierte en un corredor de valor incalculable que conecta tradición, mar y montaña.

En este punto, cabe recordar también que el Pleno del Ayuntamiento de La Laguna acordó en su sesión ordinaria de noviembre de 2025 proponer al Cabildo de Tenerife la Senda de Magec, que conecta La Punta del Hidalgo y Chinamada, como Bien de Interés Cultural.

Más adelante, el núcleo urbano de La Punta del Hidalgo se configura históricamente como un asentamiento litoral periférico estrechamente vinculado al sistema socioeconómico del macizo de Macizo de Anaga. Durante el siglo XIX, este enclave desempeñó un papel funcional como espacio de aprovechamiento de recursos marinos complementario a las economías agrarias de subsistencia desarrolladas en los caseríos del interior de Anaga. La orografía abrupta y la escasez de infraestructuras consolidaron un modelo de poblamiento disperso, en el que la costa y la montaña se integraban a través de circuitos de movilidad basados en caminos tradicionales y relaciones de reciprocidad entre los habitantes del entorno.

A lo largo del siglo XIX y buena parte del XX, la población de La Punta del Hidalgo mantuvo una economía mixta, articulada en torno a la pesca artesanal, el marisqueo y el apoyo a las explotaciones agrícolas de las medianías, donde predominaban cultivos de autoconsumo. La vinculación con San Cristóbal de La Laguna era limitada y discontinua, lo que favorecía la persistencia de formas de organización social basadas en redes familiares extensas, transmisión intergeneracional de saberes y un fuerte arraigo territorial.

La segunda mitad del siglo XX, y los procesos de desarrollo supusieron una inflexión significativa en la configuración del núcleo urbano. La progresiva mejora de las infraestructuras viarias, especialmente a partir de la década de 1960, facilitó la conexión con La Laguna y otros núcleos de la isla, reduciendo el aislamiento histórico de la zona. Este proceso coincidió con transformaciones estructurales más amplias en Canarias, como la expansión del sector turístico y la terciarización de la economía, que repercuten también en La Punta del Hidalgo.

En este contexto, la relación con Anaga experimentó una reconfiguración: de un sistema de interdependencia económica directa se pasó a una vinculación más simbólica, identitaria y paisajística.

Una vez conocido y analizado el contexto en el que se ubica actualmente el Camino de La Costa de La Punta del Hidalgo, pasamos a valorar los detalles del proyecto que el Ayuntamiento de La Laguna tiene previsto para esta zona bajo el nombre de “Intervenciones para la Recuperación del Litoral de La Punta del Hidalgo”.

El proyecto, que depende de la Gerencia de Urbanismo, fue presentado en el año 2023 ante vecinos y vecinas de La Punta del Hidalgo; un proyecto cuya redacción ascendió a nada más y nada menos que 160.000 euros de dinero público.

Bajo el lema “recuperación del litoral”, el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de La Laguna pretende construir una serie de infraestructuras que menguarán notablemente el carácter natural de esta zona, favoreciendo aún más la masificación y la turistificación de La Punta del Hidalgo.

Una de las actuaciones más alarmantes es la adecuación del camino litoral como paseo peatonal, lo que, a entender de Drago Verdes Canarias, consiste en sustituir el actual firme de tierra por uno de cemento durante los casi dos kilómetros de camino, desde el final del asfalto hasta la ermita.

Asimismo, el proyecto contempla la construcción de una plaza en el entorno de la Ermita de San Juanito, que incluye pavimento, mobiliario urbano, rampas y escaleras hacia la costa; una intervención que choca frontalmente contra cualquier criterio de conservación de los espacios naturales y que carece de sentido alguno, ya que el entorno de la ermita es totalmente funcional en la actualidad.

Además, el proyecto plantea la rehabilitación de charcos naturales para el baño y la mejora de accesos al mar mediante escaleras y conexiones con la plataforma costera, por lo que la creación de infraestructuras no solo afectará al camino, sino también a la propia franja intermareal.

También se actuará en espacios como el entorno del faro, donde se crearán áreas estanciales, zonas de sombra y nuevos espacios públicos. Y a su vez, el proyecto incluye, entre otras cuestiones, una intervención en la zona rasa litoral —que es la plataforma rocosa inmediatamente inferior al nivel del mar— para extraer y limpiar todo el frente del litoral tras décadas de vertidos de escombros, tierra y materiales diversos.

En resumen, y en base a la información recogida en el propio proyecto, una vez iniciados los trabajos se verán afectadas las tres zonas que componen el Camino de La Costa, que son la rasa litoral —fondo marino—, la zona intermareal —charcos y cazoletas— y la zona superior —el camino—.

Sin embargo, existe un informe emitido por el propio Servicio de Gestión de Planeamiento del Ayuntamiento de La Laguna, con fecha del 5 de agosto de 2025, que a nuestro entender contradice al proyecto e intenta suprimir sobre el papel un daño al patrimonio indígena que sí se va a producir en la práctica. En este informe se especifica lo siguiente:

“En cuanto a las estaciones de cazoletas de mar, algunas sí se localizan a lo largo del tramo longitudinal donde se desarrollarán las obras, pero siempre fuera del área directa de actuación y su entorno, ya que el ancho afectado se limita a la franja ocupada por materiales de relleno artificial depositados sobre la rasa costera, y las superficies rocosas donde se encuentran estas cazoletas quedan fuera del alcance de las labores previstas.

En consecuencia, no se considera necesario llevar a cabo una prospección arqueológica previa, ya que las actuaciones no afectarán al sustrato rocoso original ni a ningún yacimiento, limitándose a la retirada controlada de materiales ajenos conforme a las directrices técnicas del proyecto”.

El proyecto especifica claramente intervenciones en las tres zonas, sin embargo, el informe alega que no se producirán afecciones sobre las cazoletas de mar porque solo se intervendrá en la rasa costera, lo que supone una contradicción.

Y en cualquier caso, situándonos en la hipótesis de que las intervenciones en la zona intermareal, en la que se encuentran las cazoletas, se hagan sorteando las mismas —una cuestión que se vislumbra muy compleja ya que existen varias decenas y muy repartidas—, muy probablemente se continuarán generando afecciones. Por un lado, porque los propios operarios y maquinarias probablemente se ubicarían sobre las estaciones de cazoletas o muy próximas a ellas; y por otro, porque aunque las infraestructuras no estén sobre las cazoletas, el mero hecho de situarlas a pocos centímetros o metros ya supone una afección en sí misma.

Por otro lado, la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias, en su artículo 87, especifica:

“Quedan declarados bien de interés cultural:

a) Con la categoría de zona arqueológica: todos los sitios, lugares, cuevas, abrigos o soportes que contengan manifestaciones rupestres y naturales de interés histórico”.

Esta misma ley establece que siempre se debe delimitar un espacio de protección en torno a los bienes de interés cultural, y en base al artículo 87, cualquier manifestación rupestre de las Islas Canarias, esté o no declarada como Bien de Interés Cultural de forma administrativa, en la práctica ya lo es. Ello significa que cada vez que se vaya a realizar algún tipo de obra hay que establecer un perímetro de protección alrededor del bien. Sin embargo, hasta donde Drago Verdes Canarias ha tenido conocimiento, estos perímetros no se han establecido.

En resumen, desde Drago Verdes Canarias trasladamos la preocupación que nos expresan las vecinas y personas expertas en conservación medioambiental sobre parte del proyecto “Intervenciones para la Recuperación del Litoral de La Punta del Hidalgo”, ya que generará afecciones irreversibles para el entorno natural y el patrimonio indígena del Camino de La Costa, suponiendo una pérdida para la colectividad de la ciudadanía canaria en su conjunto.

Entendemos que en la actualidad, La Punta del Hidalgo puede interpretarse como un espacio de transición donde convergen dinámicas de patrimonialización, transformación socioeconómica y resignificación del entorno, en el que el macizo de Anaga sigue actuando como referente estructurante del imaginario local y de las prácticas socioculturales.

Esperando poder proteger la riqueza medioambiental y paisajística de la costa y potenciar su uso de una forma sostenible proponemos al Pleno del Ayuntamiento de La Laguna los siguientes;

ACUERDOS

1. Suprimir del proyecto “Intervenciones para la Recuperación del Litoral de La Punta del Hidalgo” y de cualquier otro planeamiento de intervención en el Camino de La Costa de La Punta del Hidalgo las siguientes actuaciones:

Adecuación del camino litoral como paseo peatonal.

Construcción de una plaza en el entorno de la Ermita de San Juanito que incluye pavimento, mobiliario urbano y rampas y escaleras hacia la costa.

Rehabilitación de charcos naturales para el baño y la mejora de accesos al mar mediante escaleras y conexiones seguras con la plataforma costera.

Creación de áreas estanciales, zonas de sombra y nuevos espacios públicos en el entorno del faro.

2. Hacer públicos y accesibles para la ciudadanía los informes medioambientales y patrimoniales que avalen las actuaciones previstas además de los resultados de la fase de participación ciudadana en el proyecto de recuperación del litoral de La Punta del Hidalgo.

3. Una vez ajustado el expediente a los requerimientos de protección medioambiental, patrimonial y arqueológica de la zona, volver a presentarlo a las vecinas públicamente en el Centro Ciudadano de La Punta del Hidalgo.

ENMIENDA:

Enmienda de sustitución del Grupo de Gobierno:

Reafirmar el compromiso municipal con la recuperación ambiental y paisajística del litoral de Punta del Hidalgo, mediante la retirada de rellenos, escombros y materiales ajenos acumulados durante décadas; la restauración de la rasa costera y la mejora ordenada del uso público, conforme al proyecto elaborado por la Gerencia de Urbanismo.

Garantizar que cualquier actuación en el litoral de Punta del Hidalgo se ejecute con pleno respeto a los valores ambientales, arqueológicos, etnográficos y paisajísticos del entorno, incorporando las cautelas técnicas necesarias y el seguimiento especializado.

Reforzar la transparencia y la participación ciudadana, poniendo a disposición de vecinos y colectivos los nuevos informes ambientales y técnicos relevantes, así como las actualizaciones del proceso de licitación y ejecución del proyecto.

Solicitar formalmente la colaboración del Cabildo de Tenerife, del Gobierno de Canarias y del Gobierno del Estado, en particular de los departamentos competentes en transición ecológica, costas, biodiversidad y patrimonio cultural, para:

Asegurar la financiación necesaria para la ejecución del proyecto,

Coordinar actuaciones complementarias de restauración y protección del litoral,

Y reforzar la coherencia con las estrategias insulares, autonómicas y estatales de adaptación al cambio climático y restauración de ecosistemas costeros.

Enmarcar esta actuación dentro de los objetivos de la Agenda Urbana Local de La Laguna, reforzando su contribución a los principios de sostenibilidad, resiliencia climática, protección del patrimonio y mejora del espacio público.

Dar traslado del presente acuerdo a las áreas municipales competentes, así como al Cabildo de Tenerife, al Gobierno de Canarias y a los ministerios competentes del Gobierno del Estado.

Autoenmienda de Drago Verdes Canarias:

En cumplimiento de los acuerdos plenarios de protección del patrimonio arqueológico, a la espera de los dictámenes del Consejo Patrimonial y la solicitud de Bien de Interés Cultural BIC de la Senda del Magec, delimitar el ámbito de actuación y afección de las obras previstas en el proyecto “Intervenciones para la recuperación del litoral de la Punta del Hidalgo”.

Hacer públicos y accesibles para la ciudadanía los informes medioambientales y patrimoniales que avalen las actuaciones previstas además de los resultados de la fase de participación ciudadana en el proyecto de recuperación del litoral de La Punta del Hidalgo.

Instar al Cabildo de Tenerife y al Gobierno de Canarias, en el marco de los proyectos de intervención que tengan en la zona costera lagunera, se ajusten a la intencionalidad de recuperación natural y democratización de acceso a los espacios para el bienestar de la ciudadanía canaria, evitando la turistificación y masificación de nuestras costas.

ACUERDO:

Tras las intervenciones que obran íntegramente en la grabación que contiene el diario de la sesión plenaria, el Ayuntamiento en Pleno, por unanimidad de los veintiséis miembros presentes, ACUERDA aprobar la enmienda presentada por el grupo de gobierno.

PUNTO 16.- MOCIÓN QUE PRESENTA JUAN ANTONIO MOLINA CRUZ, DEL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR, PARA LA REPARACIÓN INTEGRAL Y DEPURACIÓN DE POSIBLES RESPONSABILIDADES POR EL DETERIORO PREMATURO DEL ADOQUINADO DE LA CALLE ALCALDE ALONSO SUÁREZ MELIÁN Y DEL TRAMO PEATONALIZADO DE LA CALLE BENCOMO.

La mejora, conservación y mantenimiento del espacio público constituye una obligación esencial de cualquier administración municipal. Más aún cuando se trata de actuaciones ejecutadas en zonas céntricas, transitadas y de especial relevancia urbana, comercial y patrimonial para San Cristóbal de La Laguna.

En los últimos años, el Ayuntamiento impulsó la peatonalización y reurbanización de la calle Alcalde Alonso Suárez Melián y de un tramo de la calle Bencomo, una actuación presentada como una mejora relevante del casco histórico, con renovación del pavimento, instalación de adoquinado, mejora de redes y adecuación del entorno para el tránsito peatonal.

Según la documentación municipal, la obra fue adjudicada en junio de 2021 por un importe de 906.638,51 euros, con un plazo de ejecución previsto de ocho meses y quince días. Asimismo, la actuación fue comunicada públicamente como finalizada y abierta al tránsito peatonal en septiembre de 2022. Esto ya suponía un retraso sobre la fecha estimada.

Nos encontramos, por tanto, ante una obra relativamente reciente, ejecutada hace apenas unos años y financiada con una cantidad significativa de recursos públicos. Precisamente por ello, resulta especialmente preocupante el estado que presentan actualmente distintos puntos de la calle Alcalde Alonso Suárez Melián y del tramo intervenido de la calle Bencomo, donde pueden observarse losetas y adoquines rotos, hundidos, abombados o desplazados, generando una imagen de deterioro impropia de una actuación de tan reciente ejecución.

Este deterioro prematuro no puede ser tratado como una incidencia menor de mantenimiento ordinario. Cuando una obra de reurbanización y peatonalización presenta desperfectos relevantes en un periodo tan reducido de tiempo, resulta necesario preguntarse si los daños responden a un desgaste normal, a un problema de diseño, a una ejecución deficiente, a una elección inadecuada de materiales, a una incorrecta compactación o asentamiento, a deficiencias en la recepción de la obra o a una falta de conservación posterior.

Además, estas vías no soportan, en términos generales, el mismo volumen de tránsito pesado que otras calles del casco histórico, lo que refuerza la necesidad de analizar técnicamente por qué el pavimento ha alcanzado este estado en tan poco tiempo. No se trata de formular acusaciones sin expediente, sino de exigir una explicación técnica rigurosa sobre una actuación reciente, costosa y visible para vecinos, comerciantes y visitantes.

El mal estado del pavimento no solo afecta a la estética urbana o a la calidad de la intervención realizada. También puede suponer un riesgo para la integridad física de las personas, especialmente mayores, menores, personas con movilidad reducida o cualquier peatón que transite por zonas donde existan piezas sueltas, hundimientos, irregularidades o abombamientos. Una calle peatonal debe ser, ante todo, segura, accesible y transitable.

Resulta igualmente relevante recordar que, según la documentación municipal, en diciembre de 2023 se acordó la devolución de la garantía definitiva de la obra, por importe de 42.366,29 euros, al considerarse transcurrido el plazo de garantía sin responsabilidades pendientes. Este dato hace aún más necesario revisar con rigor el expediente, las fechas de recepción, los informes técnicos emitidos y las posibles vías jurídicas que aún pudieran existir en caso de detectarse defectos de ejecución, vicios ocultos o responsabilidades exigibles.

El objetivo de esta moción no es prejuzgar la causa concreta del deterioro, sino reclamar una actuación municipal seria, transparente y urgente. Los vecinos tienen derecho a saber por qué una obra tan reciente presenta desperfectos tan visibles, si se ejecutó correctamente, si se recibieron adecuadamente los trabajos, si el Ayuntamiento puede reclamar algún tipo de responsabilidad y, sobre todo, cuándo se van a reparar los puntos que hoy suponen un riesgo para los peatones.

La Laguna no puede permitirse que actuaciones de reurbanización del casco histórico, ejecutadas con una importante inversión pública, presenten un estado de deterioro prematuro sin que exista una respuesta clara por parte del gobierno municipal. La conservación del espacio público exige planificación, mantenimiento y, cuando proceda, depuración de responsabilidades.

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Partido Popular en el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna presenta la siguiente:

ACUERDOS

PRIMERO. – Instar al Gobierno municipal a realizar, con carácter urgente, una **inspección técnica detallada del estado actual del adoquinado, losetas y pavimento de la calle Alcalde Alonso Suárez Melián y del tramo peatonalizado de la calle Bencomo, identificando todos los puntos en los que existan piezas rotas, hundidas, abombadas, desplazadas, sueltas o en mal estado.

SEGUNDO. – Elaborar un informe técnico municipal que determine las posibles causas del deterioro prematuro del pavimento, valorando expresamente si los desperfectos pueden deberse a

defectos de ejecución, problemas de diseño, materiales inadecuados, falta de compactación o asentamiento, deficiencias en la recepción de la obra, ausencia de mantenimiento suficiente o cualquier otra circunstancia técnica relevante, dando traslado de sus resultados a los diferentes grupos políticos presentes en el Pleno.

TERCERO. – Proceder a la reparación urgente de todas las losetas, adoquines y elementos del pavimento que se encuentren rotos, hundidos, abombados, desplazados o sueltos, priorizando aquellos puntos que puedan suponer un riesgo para la seguridad de los peatones, especialmente en zonas de mayor tránsito.

CUARTO. - Revisar el expediente completo de contratación, ejecución, certificación, recepción, liquidación y devolución de garantía de la obra de peatonalización de la calle Alcalde Alonso Suárez Melián y del tramo de Bencomo, a fin de comprobar si la actuación se ejecutó y recibió conforme al proyecto aprobado, a las prescripciones técnicas y a las obligaciones contractuales.

QUINTO. - Solicitar informe jurídico sobre la posible existencia de vías de reclamación frente a la empresa adjudicataria, dirección facultativa o cualquier otro agente interviniente, en caso de que el informe técnico aprecie defectos de ejecución, vicios ocultos, incumplimientos contractuales o cualquier responsabilidad exigible conforme a la normativa aplicable.

SEXTO. - Aclarar documentalmente las fechas de finalización, recepción formal y liquidación de la obra, así como las circunstancias que motivaron la devolución de la garantía definitiva, dando cuenta de si existían o no incidencias, reservas, reparos o desperfectos detectados en el momento de la recepción o durante el plazo de garantía.

SÉPTIMO. - Dar traslado a todas las fuerzas políticas presentes en el Pleno, en el plazo máximo de tres meses, del resultado de la inspección técnica, del informe sobre las causas del deterioro, de las reparaciones realizadas o previstas y de las posibles responsabilidades o reclamaciones que proceda valorar.

OCTAVO. - Garantizar que cualquier futura actuación de reparación o reposición del pavimento en estas vías se realice con criterios de durabilidad, accesibilidad, seguridad peatonal y adecuada integración estética en el entorno histórico de La Laguna.

ENMIENDA:

Enmienda de sustitución del Grupo de Gobierno:

Llevar a cabo los antes posible, las actuaciones de mejora en las zonas peatonales del Casco Histórico, mediante la utilización del material y la metodología que nos aconseja el informe final de la Asistencia Técnica (AT) externa contratada para el análisis y diagnóstico de las patologías para que nos permite reforzar y alargar la vida útil y la resistencia del pavimento.

Realizar campañas de divulgación y sensibilización, mediante bandos, correos electrónicos y cartas a los Asociaciones de Vecinos, comerciantes y restauradores, recordando la normativa vigente (acceso, horarios, tipo de vehículos), indicando el límite de tonelaje (< 3,5 toneladas) y la prohibición de entrada a no autorizados, que los vehículos de reparto se estacionen en lugares designados y que cumplan las franjas horarias obligatorias, así como las consecuencias derivadas del incumplimiento de dicha normativa..

Continuar reforzando las labores de vigilancia y control de accesos en el Casco Histórico por parte de la policía local con especial atención al cumplimiento de la normativa vigente en materia de horarios, autorizaciones y limitaciones de tonelaje.

ACUERDO:

Tras las intervenciones que obran íntegramente en la grabación que contiene el diario de la sesión plenaria, el Ayuntamiento en Pleno, por unanimidad de los veintiséis miembros presentes ACUERDA aprobar la enmienda.

PUNTO 17.- MOCIÓN QUE PRESENTA JUAN ANTONIO MOLINA CRUZ, DEL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR, PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN RÉGIMEN EXCEPCIONAL DE ACCESO ASISTENCIAL AL HOGAR DE ANCIANOS DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA LAGUNA POR LA CALLE VIANA.

El Hogar de Ancianos del Santísimo Cristo de La Laguna, popularmente conocido como el Asilo, constituye una de las instituciones sociales más significativas y queridas de nuestro municipio. Desde su nacimiento, el 11 de mayo de 1897, ha desarrollado una labor continuada de atención a personas mayores, especialmente a quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. El propio Ayuntamiento ha reconocido públicamente que, a lo largo de sus 125 años de historia, por esta institución han pasado 147 religiosas y se ha atendido a más de 2.500 personas mayores en situación de vulnerabilidad.

Nos encontramos, por tanto, ante una entidad con un valor social incuestionable, gestionada por la Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, que presta un servicio esencial en pleno casco histórico de San Cristóbal de La Laguna. Su ubicación, en el entorno de la calle Viana y la Plaza del Cristo, refuerza además su dimensión histórica y patrimonial, al situarse en un ámbito estrechamente vinculado a la propia evolución urbana y asistencial de la ciudad. De hecho, la información turística municipal recuerda que entre 1511 y 1514 se creó en ese entorno el antiguo Hospital de San Sebastián, en el lugar que hoy ocupa el Asilo de Ancianos del Santísimo Cristo.

La peatonalización del casco histórico ha supuesto, con carácter general, una mejora para la calidad urbana, la movilidad peatonal, el disfrute ciudadano y la protección del entorno histórico. Sin embargo, toda política de peatonalización debe ser compatible con las necesidades reales de las personas más vulnerables, especialmente cuando afecta a un centro residencial de personas mayores cuya puerta de acceso se encuentra en una vía peatonal.

En este caso, la entrada principal del Hogar de Ancianos del Santísimo Cristo se encuentra en el inicio de la calle Viana, lo que genera dificultades prácticas para familiares, personas autorizadas o vehículos que deben dejar o recoger a residentes o usuarios del centro. No se trata de habilitar tráfico ordinario, ni de cuestionar el modelo peatonal del casco, sino de estudiar una solución excepcional, limitada y controlada para facilitar la subida y bajada de personas mayores en condiciones de seguridad, dignidad y proximidad al acceso del centro.

La propia política municipal ya ha reconocido que las zonas peatonales pueden admitir excepciones justificadas cuando concurren razones de accesibilidad, edad, movilidad reducida o necesidad asistencial. En 2025, el Ayuntamiento autorizó el acceso de taxis a zonas peatonales para la recogida y traslado de personas mayores o con movilidad reducida, aclarando expresamente que no se trataba de permitir un tránsito libre de vehículos, sino de una autorización controlada para mejorar la accesibilidad y garantizar la seguridad y el respeto al uso peatonal de estas vías.

Ese mismo criterio de equilibrio debe inspirar la solución para el entorno del Asilo. La defensa de la peatonalización no puede convertirse en una barrera para quienes más dificultades tienen para desplazarse. Una ciudad accesible no es únicamente aquella que restringe el tráfico, sino aquella que sabe adaptar sus espacios públicos a las necesidades de todos, especialmente de las personas mayores, dependientes o con movilidad reducida.

Por ello, resulta razonable que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, habilite un régimen excepcional de acceso asistencial por la calle Viana, desde la Plaza del Cristo, permitiendo una parada breve junto a la puerta del Hogar de Ancianos para dejar o recoger a personas mayores usuarias del centro, con salida hacia la calle Cabrera Pinto, bajo condiciones estrictas de autorización, control, prioridad peatonal y seguridad vial.

Esta medida debe articularse con prudencia, mediante informe técnico y jurídico, coordinación con la Policía Local, el área de Movilidad, Servicios Sociales y la dirección del propio centro, evitando cualquier uso indebido o extensión que desnaturalice la finalidad asistencial de la autorización. El objetivo no es abrir la calle Viana al tráfico, sino resolver una necesidad concreta, humana y plenamente justificada.

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Partido Popular en el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna presenta la siguiente:

ACUERDOS

PRIMERO. – Iniciar el estudio, mediante los informes técnicos y jurídicos oportunos, la viabilidad de habilitar un régimen excepcional de acceso rodado asistencial, incluyendo familiares, al Hogar de Ancianos del Santísimo Cristo de La Laguna, ubicado en el entorno de la calle Viana, con la finalidad exclusiva de facilitar la subida y bajada de personas mayores usuarias del centro.

SEGUNDO. – Analizar como alternativa preferente un itinerario limitado y controlado que permita el acceso desde la Plaza del Cristo hacia el inicio de la calle Viana, la parada breve junto a la puerta del Hogar de Ancianos del Santísimo Cristo y la salida o giro hacia la calle Cabrera Pinto, sin que ello suponga en ningún caso la reapertura de la calle Viana al tráfico ordinario.

TERCERO. – Establecer, en caso de resultar viable, un sistema de autorización expresa, limitado a familiares, personas autorizadas por el centro, taxis, vehículos adaptados, servicios asistenciales o vehículos que deban trasladar a personas mayores residentes o usuarias del Hogar,

pudiendo articularse mediante comunicación previa, identificación de matrícula, acreditación emitida con colaboración del centro o cualquier otro mecanismo de control que se considere adecuado.

CUARTO. - Garantizar que dicha autorización, si se implanta, quede sometida a condiciones estrictas de prioridad peatonal, velocidad reducida, prohibición de estacionamiento, parada exclusivamente por el tiempo imprescindible para la subida o bajada de personas mayores, señalización específica y supervisión por parte de la Policía Local y del área municipal competente en materia de movilidad.

QUINTO. - En caso de que los informes desaconsejen el itinerario planteado, instar al Gobierno municipal a proponer una alternativa equivalente que permita resolver la dificultad de acceso al Hogar de Ancianos del Santísimo Cristo, manteniendo el mismo objetivo: facilitar una parada asistencial próxima, segura y digna para las personas mayores usuarias del centro.

ENMIENDA:

Enmienda de sustitución del Grupo de Gobierno y Partido Popular:

PRIMERO. - Manifestar que la actual Ordenanza reguladora de las zonas de acceso restringido del Casco Histórico de San Cristóbal de La Laguna ya contempla la posibilidad de circulación autorizada en el itinerario de acceso por la calle Plaza del Cristo y calle Viana, con salida por calle Cabrera Pinto, para supuestos debidamente justificados y compatibles con el uso peatonal del entorno, así como dejar constancia de que, desde el Área de Seguridad Ciudadana, ya se vienen autorizando, de manera reglada y no discrecional, solicitudes de acceso puntual para el apeadero y desembarque de familiares y personas usuarias del Hogar de Ancianos del Santísimo Cristo de La Laguna en las inmediaciones de la entrada del centro, previa solicitud y conforme a los criterios de control, seguridad y movilidad establecidos por los servicios municipales competentes.

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la dirección del Hogar de Ancianos del Santísimo Cristo de La Laguna a los efectos oportunos, informando de la posibilidad de que los familiares o personas autorizadas puedan formular cuantas solicitudes estimen necesarias conforme al procedimiento habilitado al efecto.

ACUERDO:

Tras las intervenciones que obran íntegramente en la grabación que contiene el diario de la sesión plenaria, el Ayuntamiento en Pleno, por unanimidad de los veintiséis miembros presentes ACUERDA aprobar la enmienda.

III.- PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN

PUNTO 18.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LAS SIGUIENTES RESOLUCIONES DICTADAS POR LA ACALDÍA Y CONCEJALES TENIENTES DE ALCALDE Y CONCEJALES DELEGADOS:

LIBRO ÚNICO DECRETOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026 (DESDE EL Nº 3177/2026, DE 1 DE ABRIL, HASTA EL Nº 4577/2026, DE 30 DE ABRIL).

Dación de cuenta de las siguientes resoluciones dictadas por la Alcaldía, concejales tenientes de alcalde y concejales delegados:

- Libro Único decretos abril 2026 (desde el nº 3177/2026, de 1 de abril, hasta el nº 4577/2026, de 30 de abril).

ACUERDO:

Tras las intervenciones que obran íntegramente en la grabación que contiene el diario de la sesión plenaria, el Ayuntamiento en Pleno toma conocimiento del decreto.

PUNTO 19.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME ANUAL 2025 DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE SUGERENICAS Y RECLAMACIONES.

1.- El Reglamento regulador de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones,- aprobado por acuerdo plenario adoptado el 8 de julio de 2021, y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia en su edición de 6 de diciembre de 2021, BOP nº 146-, establece en su artículo 3.d) la obligación de dar cuenta al Pleno municipal del informe o memoria anual de actuaciones de dicho órgano municipal.

2.- La Presidenta de la citada Comisión ha elaborado el Informe Anual de actuaciones realizadas durante el ejercicio 2025, que fue suscrito el 22 de abril de 2026.

ACUERDO:

Tras las intervenciones que obran íntegramente en la grabación que contiene el diario de la sesión plenaria, el Ayuntamiento en Pleno, toma conocimiento del Informe Anual de la Comisión Especial de Sugerencia y Reclamaciones correspondiente al ejercicio 2025.

PUNTO 20.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL PASE A SITUACIÓN DE NO ADSCRITA DE LA CONCEJAL YADIRA ISABEL ÁLVAREZ BENÍTEZ.

1.- La concejala Yadira Isabel Álvarez Benítez, mediante escrito con número de registro en la Secretaria General del Pleno 195/2026, de 6 de mayo de 2026, comunica y formaliza su baja del grupo municipal VOX, pasando a la situación de concejala no adscrita. Se ha aportado correo electrónico remitido a la formación política Vox dando traslado de la baja como representante municipal de dicha formación.

2.- La Secretaria General del Pleno ha emitido informe que se encuentra incorporado en el expediente.

ACUERDO:

Tras las intervenciones que obran íntegramente en la grabación que contiene el diario de la sesión plenaria, el Ayuntamiento en Pleno acuerda:

Primero. - Tomar conocimiento del escrito presentado por la concejala Yadira Isabel Álvarez Benítez (nº registro 195/2026, de 6 de mayo, de la Secretaria General de Pleno) por el que comunica y formaliza su baja de la formación política Vox, - que está integrada el Grupo Mixto-, y su pase a la situación de concejala no adscrita de esta Corporación.

Segundo. - Publicar el presente acuerdo en la sede electrónica municipal.

IV.- URGENCIAS

URGENCIAS.

V.- RUEGOS Y PREGUNTAS

PREGUNTAS FORMULADAS POR ESCRITO:

1.-	De Eva Cólogan Ruiz Benítez de Lugo sobre cuál es la razón que justifica la descoordinación que provocó la cancelación de la Feria del Libro en Princesa Yballa con los costes económicos que eso supuso para los laguneros.

Eva Cólogan Ruiz Benítez de Lugo toma la palabra para explicar su pregunta: Explico brevemente lo ocurrido para quienes nos escuchan y no conocen los hechos. El Ayuntamiento organizó una jornada de convivencia con motivo de la feria de libro que organizó junto con la Comisión de Fiestas del Centro Ciudadano Princesa Yballa. Sin embargo, el acto tuvo que suspenderse horas antes por una evidente falta de coordinación municipal. Lo grave es que no hablamos de un caso aislado. Es la segunda vez que ocurre en Princesa Yballa. Ya el año pasado se tuvo que cancelar un evento similar en esa ocasión, justo hace un año, por motivo del día de Canarias y, también, fue por una descoordinación. Los vecinos lo que solicitan es que se les escuche y que cuando se les diga que no va a volver otra vez a ocurrir, pues tienen serias dudas de este tema. Tanto el barrio como nosotros escucharemos atentamente la respuesta y esperemos no oir ni que fue un caso puntual ni aislado porque no lo ha sido.

Responde Ruimán Adrián del Castillo Correa quien comienza su intervención manifestando que no se ha producido ninguna descoordinación. Por parte de la Asociación Princesa Yballa, únicamente se solicitó al área de cultura colaboración mediante la sesión de diversos materiales para la celebración de dichas jornadas. Colaboración que fue facilitada en todo momento, al igual que ocurrió desde otras áreas municipales. Asimismo, al no tratarse de un acto organizado por el Ayuntamiento, correspondía exclusivamente a la entidad promotora solicitar y tramitar la preceptiva autorización del espacio público. En relación con el aspecto económico, dicha colaboración no supuso ningún coste alguno para el Ayuntamiento al haberse prestado mediante la la utilización de medios y materiales municipales propios.

2.-	De Eva Cólogan Ruiz Benítez de Lugo sobre qué actuaciones concretas se han realizado en este mandato en coordinación con la administración titular de la vía, para mejorar la fluidez del tráfico y la seguridad vial en la rotonda de Las Canteras y en la intersección hacia Bajamar y el monte de las Mercedes.

Eva Cólogan Ruiz Benítez de Lugo toma la palabra para explicar su pregunta. Formulamos esta pregunta porque estamos hablando de un problema diario y muy importante para miles de vecinos que viven o que trabajan en el nordeste de La Laguna. No estamos hablando de Tejina, estamos hablando de Bajamar, de la Punta, de Valle de Guerra, de Jardina, de Las Mercedes. Sabemos perfectamente que esto está, hay una obra de gran envergadura que es el túnel de la Gorgolana. Sabemos que hay una tramitación ambiental que debe cumplirse con todas las garantías y también sabemos que el impulso de esta obra no corresponde al Ayuntamiento, sino a la Consejería de Obras del Gobierno de Canarias. Pero nuestra pregunta es municipal, ¿qué se ha hecho desde el Ayuntamiento de La Laguna, desde el ámbito municipal, para resolver este tráfico y la cantidad de horas que pasan estos vecinos en una cola? No vemos ordenación del tráfico, no vemos mejora de la señalización y no vemos una acción municipal en concreto.

Responde en primer lugar la Presidencia para preguntarle a la concejala sobre si tiene información respecto a la obra del Túnel de la Gorgolana. Me gustaría poder hablar con usted y que nos traslade qué información tiene usted estando en la oposición que no tiene este ayuntamiento, sobre una obra tan sumamente relevante utilizando única y exclusivamente las afirmaciones que acaba de decir. Dado que en las diferentes que he mantenido, así como el Sr. Hernández no se nos ha dado traslado de información respecto a esta obra tan relevante para los laguneros y las laguneras. Y añade que se ha quedado patidifuso al escuchar que tiene toda la información de esta obra tan importante y necesaria, que, por supuesto lo es, pero sinceramente, ahora me gustaría que me comentara de manera más privada qué información que controla usted que nosotros no, tanto el concejal de Obras e Infraestructura como el concejal de Urbanismo, el responsable del Área de Servicios Municipales, el responsable de Medioambiente y un servidor. Me gustaría conocer esa información que usted tiene y de qué manera la tiene porque al final si utilizamos las instituciones única y exclusivamente de manera partidista entonces flaco favor estamos haciendo a la democracia.

Seguidamente toma la palabra Jesús Domingo Galván Delgado. Como usted comenta en la pregunta, la vía no es competencia municipal, es competencia insular y si se han realizado trabajos. Se han realizado trabajos como la mejora del asfaltado y la mejora de la señalización en la vía. Las acciones administrativas encaminadas a la consecución del proyecto túnel de la Gorgolana, pues eso nos darán información puntualmente.

El Sr. Molina solicita la palabra para pedir que el Sr. Galván retire lo manifestado respecto a “la medicación· que puede afectar a otras personas, y el Sr. Galván manifiesta que si es necesario retirarla, la retira.

3.-	De Saúl Gómez Alberola sobre qué planificación de actividades, ferias, muestras o eventos vinculados a la artesanía tiene prevista el Ayuntamiento de San Cristóbal de Laguna para el año 2026.

Responde Jesús Domingo Galván Delgado: Comenzar comentando que la falta de planificación y la improvisación en cuestión de artesanía se termina en este municipio el 1 de enero de 2024 cuando asumimos la gestión de la concejalía de Promoción y Desarrollo Local. Nunca se han llevado a cabo tantas muestras de artesanía, ni con tanta calidad y participación de artesanos y artesanas como en esta etapa. Una media de 35 personas participantes en cada una de las mismas, dando cabida a nuevas incorporaciones y oficios artesanos que no habían participado hasta el momento. Se continuará con las acciones de promoción de trabajo de las personas artesanas en nuestro municipio, fomentando entre la ciudadanía el conocimiento que se tiene de los oficios artesanos. Por primera vez, se van a realizar cursos de formación sobre oficios artesanos tradicionales de la empresa insular de artesanía en el municipio de La Laguna durante los meses de junio y julio. Son cursos centrados en formar, preservar, difundir y promocionar los oficios artesanos buscando relevos generacionales y la sostenibilidad en el tiempo. Recuperamos para nuestro municipio la celebración del día europeo de la artesanía, que la última vez que se llevó a cabo fue en el mandato 2015-2019 con la celebración de talleres y exposiciones celebrados los días 10 y 11 de abril con un rotundo éxito de participación con todas las plazas de los talleres cubiertas. Este éxito nos ha animado a realizar este formato durante el resto del año y por todo el municipio. Se van a mantener las cuatro muestras de artesanía que se han ido celebrando estos dos años anteriores, manteniendo por ahora las fechas de las muestras artesanía de las fiestas del Cristo, la muestra de sanidad de la Laguna en octubre y la muestra de Navidad de la Laguna en diciembre. Además, vamos a ubicar un espacio fijo de difusión y promoción de la artesanía de nuestro municipio en la oficina de turismo de la Casa de los Capitanes, cumpliendo parcialmente con el acuerdo plenario que aprobamos con la señora Idaira en este salón de pleno, además de seguir buscando otras posibles ubicaciones.

4.-	De Saúl Gómez Alberola sobre qué actuaciones se están realizando actualmente para garantizar la conservación, estabilidad y protección del drago situado en la Plaza de la Junta Suprema.

Responde Francisco José Hernández Rodríguez: El Ayuntamiento mantiene un seguimiento técnico continuado del drago de la Plaza de la Junta Suprema, intensificando en los últimos años las labores de control y evaluación de su estado. Entre las actuaciones realizadas destaca en el aseguramiento de sus principales ramificaciones mediante sistemas de anclaje con cables de acero, láminas de acero inoxidable y elementos de protección adaptados al crecimiento del ejemplar con el objetivo de reforzar su estabilidad y minimizar riesgos estructurales. Asimismo, desde el Área de Obras e Infraestructura se están ejecutando la ampliación del alcorque y la instalación de un vallado perimetral para evitar el tránsito de personas bajo la proyección del árbol. Además, está prevista la colocación de una estructura adicional de seguridad que actuará como sujeción adicional del árbol y soporte preventivo ante un eventual colapso. Con estas medidas, la concejalía de Servicios Municipales, el Ayuntamiento de la Laguna garantiza una actuación rigurosa orientada tanto a la conservación del ejemplar como a la protección de la ciudadanía, atendiendo a su valor patrimonial, ambiental y simbólico.

5.-	De Moisés Domínguez Llanos sobre cuál es el estado de ejecución en el que se encuentran actualmente los proyectos previstos para Cruz Chica, recogidos en la moción aprobada por unanimidad y elevada a institucional en el Pleno de septiembre de 2022 para el parque periurbano, el parque para perros, el local para mayores, las mejores pendientes de la plaza y el proyecto deportivo previsto para la zona.

Moisés Domínguez Llanos toma la palabra para realizar la siguiente aclaración: Solo por por una cuestión de rectificación del literal de la pregunta. se hace alusión a una moción con una fecha errónea, no se trata de septiembre 2021, entonces suprimir esa alusión con la fecha.

Responde Ángel Miguel Hernández Chinea: Bueno, yo me quedo con la duda porque la moción, la enmienda que se presenta, es que se aprueba en ese pleno precisamente 22 de septiembre no tiene nada que ver con la enmienda que presenta el señor Domínguez. Tal y como ha dicho él, la enmienda que se aprueba tanto en ese momento en el año 2022 por el gobierno que estaba en ese momento, que era Partido Socialista, Unidas se Puede y Avante, pues los dos acuerdos que se llevan a cabo se han cumplido perfectamente. Uno de ellos se está llevando que es la promoción y la utilización del uso del centro de ciudadano y todos se están haciendo. Respecto a los acuerdos que el señor Domínguez aparece o nos expone en esta pregunta, he buscado y aunque la fecha no corresponda, no he encontrado ninguna moción, ninguna enmienda donde esto se haya probado. No obstante, sí le puedo decir que sí se ha estado trabajando en la Cruz Chica. En el año 2024 precisamente, se estuvo trabajando desde el área de Parques y Jardines y se ampliaron y se mejoraron las aceras, las aceras y las losetas de la plaza. Se ha trabajado sobre los muros, los jardines, y los alcorques. Desde el Área de Obras se han puesto vallados, también se han puesto y mejorado los adoquines y se han pintado los muros, que, con una frecuencia bastante alta, se están vandalizando con grafitis. Este año tenemos previsto otra vez actuar porque ya vuelven a estar otra vez con grafiti. Pero vuelvo a repetir, desconozco los acuerdos y los puntos a los que usted alude en esta pregunta. Si usted no los puede trasladar, pues encantado.

6.-	De Moisés Domínguez Llanos sobre en qué estado se encuentra actualmente la licitación para la redacción del proyecto básico y de ejecución de la plaza del Camino Tornero.

Moisés Domínguez Llanos toma la palabra para explicar su pregunta: simplemente por contextualizar la pregunta rápidamente. Desde el año 2013, los vecinos del Camino Tornero vienen reclamando que el Ayuntamiento de La Laguna que se dote a este barrio de los servicios mínimos de equipamiento que necesitan, especialmente una plaza pública al tratarse de un barrio que carece de este espacio. Además, el día 21 de abril de 2022 se aprobó, en este caso, sí es así, por unanimidad, un acuerdo plenario institucional para iniciar el expediente con el fin de dotar al barrio del Camino Tornero de estos servicios mínimos. Y posteriormente, el 8 de septiembre del 2025 se publicó que el Ayuntamiento contrataría por un total de 60,000 € la redacción del proyecto básico y de ejecución de una plaza de 4000 m², una infraestructura reivindicada pues la verdad que durante bastante tiempo por los vecinos de Camino Tornero.

Responde Ángel Miguel Hernández Chinea: Como acaba de decir, en septiembre del 2025 se publicó la contratación del proyecto del Tornero, no solo del Tornero, sino de otras plazas más. En esos momentos se presentaron once empresas, once empresas que se han llevado y han presentado las ofertas. Y se han estado valorando e informando porque algunas de ellas o muchas de ellas han sido consideradas como bajas temerarias y se han solicitado informes al Área de Obras. Y como ya le expliqué en conversación telefónica, el lunes ya llegó la documentación, se presentó en la Mesa de licitación el martes y seguimos con el proceso de licitación. Yo creo que, si no es este mes, pues principios de junio ya está definido. Explicarle también que el plazo de ejecución, una vez esté el contrato hecho, es de tres meses y dos semanas, no obstante, el plazo de un mes debe presentar el proyecto básico para la presentación a la ciudadanía para luego todas las sugerencias que se puedan llevar a cabo pues aprobarlas y tienen dos meses de plazo para incorporarlas al proyecto.

7.-	De Carmen Peña Curbelo sobre en qué estado se encuentra la tramitación de las ayudas al alquiler social del presente año 2026 para los afectados por la gestión de VISOCAN en La Laguna.

Responde María Leonor Cruz Acosta: el convenio de colaboración entre Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias, SA y el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, con el objeto de gestionar ayudas al pago del alquiler a familias con dificultades económicas del grupo de 119 viviendas protegidas de San Matías, suscrito al 26 de marzo del 2025 y adenda al mismo de modificación suscrita el 19 de junio del 25, cuya prórroga fue firmada el 12 de enero del 2026, tiene una vigencia anual. En el presente año y hasta la fecha de hoy se han gestionado 17 solicitudes, todas ellas concedidas en comisión técnica de vivienda del área de Bienestar Social y Calidad de Vida celebrada el pasado 26 de marzo del 2026 con un coste de 34,738,44 €. Existen 31 expedientes más de solicitudes en diferentes fases. Unos están informados para la comisión, otros requeridos o elaborando los pertinentes informes, estando previsto celebrar la Comisión Técnica de Vivienda del área de Bienestar Social y Calidad y Vida el próximo viernes, mañana, 15 de mayo.

8.-	De Carmen Peña Curbelo sobre qué valoración hace el grupo de gobierno municipal actual PSOE-CC del Ayuntamiento de La laguna sobre las pruebas técnicas sobre la semaforización de accesos a la TF-5 que se realizaron en el enlace de Guamasa el pasado mes de enero.

Responde Ángel Miguel Hernández Chinea: Señora Peña, las pruebas fueron llevadas a cabo por la Dirección General de Tráfico, perteneciente al Ministerio del Interior y tal y como expuso este grupo de gobierno, no estábamos a favor de medidas unilaterales y sin consenso y sin medidas alternativas. Actualmente seguimos a la espera de que se finalice el proceso de licitación y adjudicación de la obra llamada Tercer Carril Guamasa - aeropuerto para poder estudiar el plan de obras y las afecciones tal y como los comprometimos en este salón de plenos.

9.-	De Alberto Rodríguez Rodríguez sobre si considera este grupo de gobierno PSOE-CC una gestión eficiente para animar a la participación ciudadana en el proceso del Plan de Gestión del Patrimonio Mundial de San Cristóbal de La Laguna, zona de amortiguamiento y entorno, haber enviado el mail a las entidades inscritas en el municipio con solo un día de antelación (22 de abril) a la primera sesión participativa (23 de abril).

Responde Adolfo Cordobés Sánchez: Señor Rodríguez, el proceso de participación no se inició con el envío de correo electrónico mencionado del día 22 de abril del 26, sino que comenzó previamente mediante la identificación de los datos de los operadores, entidades e instituciones interesadas y el contacto directo a través de llamadas telefónicas con todas ellas. Concretamente, desde el 14 de abril se realizaron aproximadamente 200 llamadas telefónicas a las entidades, colectivos, instituciones identificadas, en las que se verificaron los datos de contacto y se trasladó información detallada sobre el alcance y objetos del plan de gestión y de la convocatoria y detalles del proceso participativo para garantizar una participación informada y efectiva. El equipo encargado de la participación y comunicación lleva desde el mes de enero desarrollando como tarea prioritaria la identificación, recopilación y organización de las instituciones potencialmente interesadas, sus representantes y los datos de contacto, constituyendo un trabajo técnico previo imprescindible para asegurar una participación ordenada, efectiva y conforme a la normativa vigente. El envío masivo de correos electrónicos se realizó a partir del día 20 de abril una vez efectuado el contrato telefónico previo y confirmada la disposición a participar. Siendo este paso necesario para garantizar el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y de protección de datos en esta primera fase de los trabajos.

10.-	De Alberto Rodríguez Rodríguez sobre cuántas personas y/o entidades participaron en la primera sesión participativa del Plan de Gestión del sitio Patrimonio Mundial de San Cristóbal de La Laguna, zona de amortiguamiento y en las sesiones del pasado 23, 24 y 25 de abril de este año 2026.

Responde Adolfo Cordobés Sánchez: Señor Rodríguez, es preciso reiterar que la elaboración del plan de gestión es un proceso estructurado en diferentes fases con una duración prevista de 10 años y con vocación de participación continua en cada una de ellas. Actualmente estamos en la fase inicial de presentación, análisis y diagnóstico y es en ella en la que se incardina esta primera jornada de participación a la que seguirán otras en todas y cada una de las fases de elaboración. Hasta ahora se ha contactado con más de 200 entidades, colectivos e instituciones identificadas a las que se siguen sumando nuevos operadores continuamente para que puedan ser informados y tenidos en cuenta durante todo el desarrollo de los trabajos. Para esta primera y exitosa sesión de participación acudieron 81 personas, la mayoría de ellos en representación de colectivos instituciones como el Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia de La Laguna, el Consejo Municipal de Patrimonio del Tejido asociativo, asociaciones de vecinos, esos a favor de la movilidad en bici, en centros educativos. Acudieron también las dos universidades, la ULL y la UNED presentes en el casco y diversas entidades empresariales de la construcción, telecomunicaciones, energía, alojamientos turísticos o servicios de alumbrado o recogida de residuos. El nivel y diversidad de participación obtenida en estas primeras jornadas ha supuesto una representación de una auténtica ciudad en miniatura desde sus diferentes perspectivas y sensibilidades, de forma que cumplieron los objetivos de participación de ciudadanía, instituciones y entidades que inciden en los atributos del valor universal de San Cristóbal de la Laguna, tal y como se indica y exige la UNESCO.

11.-	De Juan Antonio Molina Cruz sobre cuál es la disponibilidad real de grúas operativas en el servicio municipal contratado teniendo en cuenta averías u otras incidencias durante los meses del año 2026.

Responde Badel Albelo Hernández: En relación con la disponibilidad de grúas operativas adscritas al servicio municipal contratado durante los primeros meses del año 2026, se informa que el expediente correspondiente, señor Molina, del servicio de retiradas y depósito de vehículos, se encuentra debidamente licitado y adjudicado mediante el expediente número 202528004, contemplándose en la misma la adscripción de los vehículos necesarios para cumplir con el servicio municipal, grúas de arrastre y grúas de plataforma. Asimismo, el contrato también establece una disposición mínima de vehículos por turno. Es una licitación pública, un contrato adjudicado y ya sabe el número del expediente. Lo que les sugiero es que hablando de la información pública y teniendo a disposición el portal de contratación, consulte usted el número de vehículos, que es bastante sencillo.

12.- De Juan Antonio Molina Cruz sobre cuál es el estado de ejecución de la elaboración del inventario de los viarios de Valle Jiménez que se acordó en el Pleno de noviembre de 2025 en el que se indicara la situación actual de las mismas.

Responde Ángel Miguel Hernández Chinea: Tal como se informó a los vecinos hace unas semanas, aquellas calles que son de titularidad pública y con un mantenimiento de competencia del Ayuntamiento están claramente definidas y están en el inventario. El problema radica en aquellas vías o caminos a definir que fueron asfaltadas en su día, pero que poseen que además poseen servicios de alumbrado o de alcantarillado, pero que son vías privadas que están en suelo rústico protegido o que no están recogidas dentro del plan general. Ese es el problema que estamos teniendo y en el que estamos trabajando para incluir en el inventario.

RUEGOS

A las diecisiete horas y tres minutos del día al principio expresado el señor Alcalde levanta la sesión, de la que se extiende la presente acta, y, como Secretaria General del Pleno Accidental, doy fe.

ANEXOS:

Anexo punto 4:

Anexo punto 10: